La Acción de Inconstitucionalidad 98/2022 que promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde el pasado 7 de julio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que se opone a que a los deudores alimentarios se les impida ser designados como integrantes, titulares o candidatos a un cargo público, es para defender a “los impresentables” y no para proteger los derechos de la niñez, explicó a Publimetro la activista Patricia Olamendi.
El 14 de agosto la CNDH emitió un pronunciamiento en el que que afirma artículos de diversas leyes y ordenamientos de la Ley 3 de 3 contra la violencia que se aprobó en Yucatán en julio pasado, como un requisito “discriminatorio”, que coloca a las personas en inseguridad jurídica y afecta a los acreedores alimentarios.
“Dicho requisito es discriminatorio y coloca a las personas aspirantes en inseguridad jurídica, pero sobre todo afecta el interés de los acreedores alimentarios, sean estos menores y adolescentes, adultos mayores, discapacitados, cónyuges o ex cónyuges, quienes se verían lesionados en sus derechos por la insolvencia económica de sus deudores”.
— Señaló la CNDH en el pronunciamiento que emitió el pasado 14 de agosto.
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Olamendi señaló que, al promover la acción de inconstitucionalidad, la CNDH podría estar haciendo un favor a virtuales candidatos acargos públicos. “Creo que la CNDH le está haciendo el favor a alguna persona o personas que están en su puesto, y que van a ser nombrados o son posibles candidatos, me imagino que eso está haciendo porque de otro modo no entendería esta defensa sin razón”, aseveró.
Son discriminados, afirma CNDH
Desde que se interpuso la acción de inconstitucionalidad, la CNDH y su titular, Rosario Piedra Ibarra, han recibió críticas por la presunta defensa de los deudores alimentarios, ante lo que la institución emitió un nuevo posicionamiento en el que afirma que estos son discriminados, y que “solo a partir del trabajo se puede garantizar que efectivamente puedan pagarse las obligaciones alimentarias”.
Reivindicamos el diálogo y la inclusión como vía para dirimir diferencias y conciliar sobre los fines que busca la Acción de Inconstitucionalidad, que no se contraponen con la protección de los #Derechos de las #Mujeres y la #Niñez.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/TUZZtJ3OF6
— CNDH en México (@CNDH) August 21, 2022
Olamendi, quien también es doctora en Derecho, recordó en 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la implementación de la propuesta 3 de 3 contra la violencia, por lo que durante los comicios de 2021 los aspirantes a cargos públicos firmaron una carta compromiso en donde aseguraban que no estaban en ninguno de los tres supuestos de violencia.
Sin embargo, a pesar del compromiso, durante el proceso electoral de 2021 se presentaron casos de candidatos con señalamientos de violencia sexual, familiar y deudores alimentarios, cuyo caso más sonado fue el de Félix Salgado Macedonio, excandidato a la gubernatura de Guerrero.
La activista detalló que esto motivó a colectivas como Las Constituyentes Mx, buscaran llevar la iniciativa 3 de 3 contra la violencia no solo al ámbito electoral, sino a todo aquel que ocupara un cargo público o de representación, como ocurrió en Yucatán, donde se prohíben tanto las candidaturas para los deudores alimentarios, como los cargos de elección popular y los cargos de nominación o de representación, incluyendo los órganos independientes, lo que motivó el reclamo de la CNDH.
“De momento nos aparece una acción de inconstitucionalidad de la CNDH contra la reforma de Yucatán, por considerar que es violatorio a la Constitución el que se exija ser deudor alimentario, y obviamente pues inicia contra la 3 de 3 esta campaña, y hay que decirlo, la mayoría de los candidatos que no cumplían con los requisitos (en 2021) eran del partido Morena”.
— Patricia Olamendi.
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Minutos antes del mediodía de este 22 de agosto, integrantes de cientos de colectivos feministas y organizaciones sociales clausuraron de manera simbólica y realizaron protestas en las oficinas de la CNDH de la CDMX; así como en estados como Yucatán y Oaxaca en respuesta a la acción de inconstitucionalidad que se promueve. Asimismo, entregaron un amicus curiae ante la SCJN para manifestar sus puntos de vista y argumentos sobre la controversia.
Finalmente, Olamendi refirió que la acción de la inconstitucionalidad de la CNDH busca afectar a las demás legislaciones en donde se está impulsando la iniciativa 3 de 3 contra la violencia; además, indicó que el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra comete errores en su pronunciamiento, al afirmar que se discrimina a los deudores alimentarios y que se afecta al derecho al trabajo.
“Los considera como si fueran un grupo vulnerable, es decir, una persona con discapacidad, una persona de origen indígena, una mujer, una niña, un niño. No son un grupo vulnerable. Segundo, considera también que se afecta el derecho al trabajo. No se afecta el derecho al trabajo, lo que se pide es que trabajen donde quieran, lo que no pueden ser representantes de todos nosotros y funcionarios, porque un funcionario no puede ser alguien que viola la ley”.
— Patricia Olamendi.
¿Qué pide la iniciativa 3 de 3 contra la violencia a los aspirantes a cargos públicos?
- No ser agresor sexual incluyendo el acoso y hostigamiento.
- No ser deudor de pensión alimenticia.
- No ser agresor de mujeres en el ámbito público o privado.
Estados en los que ya se exige no ser deudor alimentario para ocupar cargos públicos
- Yucatán.
- Chiapas.
- Coahuila.
- Chihuahua.
- Oaxaca.
- Ciudad de México.
