La Acción de Inconstitucionalidad 98/2022 que promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde el pasado 7 de julio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que se opone a que a los deudores alimentarios se les impida ser designados como integrantes, titulares o candidatos a un cargo público, es para defender a “los impresentables” y no para proteger los derechos de la niñez, explicó a Publimetro la activista Patricia Olamendi.
El 14 de agosto la CNDH emitió un pronunciamiento en el que que afirma artículos de diversas leyes y ordenamientos de la Ley 3 de 3 contra la violencia que se aprobó en Yucatán en julio pasado, como un requisito “discriminatorio”, que coloca a las personas en inseguridad jurídica y afecta a los acreedores alimentarios.
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Olamendi señaló que, al promover la acción de inconstitucionalidad, la CNDH podría estar haciendo un favor a virtuales candidatos acargos públicos. “Creo que la CNDH le está haciendo el favor a alguna persona o personas que están en su puesto, y que van a ser nombrados o son posibles candidatos, me imagino que eso está haciendo porque de otro modo no entendería esta defensa sin razón”, aseveró.
Son discriminados, afirma CNDH
Desde que se interpuso la acción de inconstitucionalidad, la CNDH y su titular, Rosario Piedra Ibarra, han recibió críticas por la presunta defensa de los deudores alimentarios, ante lo que la institución emitió un nuevo posicionamiento en el que afirma que estos son discriminados, y que “solo a partir del trabajo se puede garantizar que efectivamente puedan pagarse las obligaciones alimentarias”.
Reivindicamos el diálogo y la inclusión como vía para dirimir diferencias y conciliar sobre los fines que busca la Acción de Inconstitucionalidad, que no se contraponen con la protección de los #Derechos de las #Mujeres y la #Niñez.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/TUZZtJ3OF6
— CNDH en México (@CNDH) August 21, 2022
Olamendi, quien también es doctora en Derecho, recordó en 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la implementación de la propuesta 3 de 3 contra la violencia, por lo que durante los comicios de 2021 los aspirantes a cargos públicos firmaron una carta compromiso en donde aseguraban que no estaban en ninguno de los tres supuestos de violencia.
Sin embargo, a pesar del compromiso, durante el proceso electoral de 2021 se presentaron casos de candidatos con señalamientos de violencia sexual, familiar y deudores alimentarios, cuyo caso más sonado fue el de Félix Salgado Macedonio, excandidato a la gubernatura de Guerrero.
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Minutos antes del mediodía de este 22 de agosto, integrantes de cientos de colectivos feministas y organizaciones sociales clausuraron de manera simbólica y realizaron protestas en las oficinas de la CNDH de la CDMX; así como en estados como Yucatán y Oaxaca en respuesta a la acción de inconstitucionalidad que se promueve. Asimismo, entregaron un amicus curiae ante la SCJN para manifestar sus puntos de vista y argumentos sobre la controversia.
Finalmente, Olamendi refirió que la acción de la inconstitucionalidad de la CNDH busca afectar a las demás legislaciones en donde se está impulsando la iniciativa 3 de 3 contra la violencia; además, indicó que el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra comete errores en su pronunciamiento, al afirmar que se discrimina a los deudores alimentarios y que se afecta al derecho al trabajo.
¿Qué pide la iniciativa 3 de 3 contra la violencia a los aspirantes a cargos públicos?
- No ser agresor sexual incluyendo el acoso y hostigamiento.
- No ser deudor de pensión alimenticia.
- No ser agresor de mujeres en el ámbito público o privado.
Estados en los que ya se exige no ser deudor alimentario para ocupar cargos públicos
- Yucatán.
- Chiapas.
- Coahuila.
- Chihuahua.
- Oaxaca.
- Ciudad de México.
