El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, reafirmó la postura del gobierno federal en favor de que se mantenga a la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y afirmó que dejar la responsabilidad en manos de los juzgadores puede dar lugar a corrupción y a un “mercadeo” de jueces y abogados.
Las declaraciones de Mejía Berdeja se dan en el marco en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por discutir la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y el amparo en revisión 355/2021 relacionados con la prisión preventiva oficiosa, lo que podría determinar que sea declarada la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de esta medida cautelar.
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Durante la presentación del informe “Cero impunidad” en la conferencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Mejía Berdeja tomó como punto de partida el caso de José Bernabé “N”, mejor conocido como “La Vaca”, señalado como el presunto líder del Cártel Independiente de Colima, y uno de los principales responsables de la ola de violencia en la entidad, quien fue detenido el pasado 18 de agosto en la Ciudad de México y a quien un juez decidió no vincular a proceso.
No obstante, en el caso de “La Vaca”, el subsecretario de la SSPC refirió que se cuenta con otras dos órdenes de aprehensión en Colima y Tamaulipas, mismas que se ejecutarán para evitar su liberación.
En este sentido, Berdeja explicó que es importante mantener la prisión preventiva oficiosa, porque opera se de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal por delitos como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros, y no depende del criterio de un juez.
“Si se está al arbitrio de que en cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión, o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción. A un mercadeo de abogados y jueces, y también incrementaría la peligrosidad, inclusive para los propios jueces; para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos; para los testigos que intervienen en la parte procesal; y sobre todo, representa una amenaza para la sociedad”.
— Ricardo Mejía Berdeja.
Será hasta el próximo 5 de septiembre cuando la SCJN ponga a discusión el análisis de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, cuyas posturas tienen por un lado a las instancias de derechos humanos que la califican como una violación a la garantías individuales; y por el otro, al gobierno federal que asegura que es fundamental para garantizar el combate a la corrupción.
