Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa de ley que envió para que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el mando de la Guardia Nacional, especialistas consultados por Publimetro afirman que existen graves riesgos en caso de que no se le dé el tiempo necesario a la discusión parlamentaria, la cual podría darse esta misma semana.
“Nosotros estamos defendiendo esto porque consideramos que le conviene al pueblo de México. Estamos poniendo por delante el interés de los mexicanos. Esto no tiene que ver con intereses partidistas, con grupos, facciones, sectas, cacicazgos. Esto tiene que ver con lo que más conviene a los mexicanos en un tema tan importante como la seguridad”, remarcó AMLO, quien consideró que el objetivo de la reforma es garantizar una actuación incorruptible por parte de la nueva corporación en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública.
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La reforma a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, se turnó al Senado de la República tras la aprobación de diputados el pasado 3 de septiembre y podría aprobarse antes de que concluya la semana.
“Considero que este tema está muy preparado, o ‘muy planchada’ (como se dice en el argot legislativo). Yo creo que esta semana se aprueba, no pasa más de esta semana. Puede ser este martes o máximo este jueves”, explica Bernardino Esparza Martínez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
“Una cosa es la reforma jurídica (¿cómo está el proceso legislativo y qué elementos jurídicos tienen cada una de estas leyes) y otra cosa son los acuerdos políticos del por qué si la tienen que aprobar. Creo que ahí es donde está trabada o, con lo que se ha visto, se plantea la idea de que se está trabado bajo ese aspecto”, añade Esparza.
Inconstitucionalidad de la reforma a la Guardia Nacional, un tema a seguir
Para Esparza Martínez, la presunta inconstitucionalidad de las reformas son un principio muy importante, pues la Guardia Nacional está mandatada para realizar temas de seguridad pública en el ámbito civil, no militar.
“No puede hacer otra cosa, porque se mencionaba que los militares que van a estar adscritos a la Guardia Nacional (en la SSPC) van a estar al mando de la Sedena, y que –cuando llegasen a cometer alguna conducta ilícita tendrían que ser juzgados por el ámbito de la justicia militar, lo cual es completamente ilegal, inconstitucional–. El principio del artículo primero de la ley de la Guardia Nacional justamente señala que es una Ley Reglamentaria del Artículo 21 constitucional y ese artículo constitucional menciona también que la Guardia Nacional va a dedicarse a tareas civiles, no militares”, añade Esparza.
Por lo tanto, “esos principios se rompen al crear toda esta reforma legal en este caso por y yo creo que llegará a la Corte en su momento será y la declarará inconstitucional”, añade.
“Lo importante aquí, como yo siempre he insistido cuando se aprueban estas leyes de manera muy rápida, es que ojalá se diera a conocer cuáles fueron los acuerdos políticos a los que llegaron los diputados en este caso, por ejemplo, para aprobar rápidamente la iniciativa: ¿Qué acordaron y por qué se ha aprobado tan rápido? Hay otras leyes que tardan años inclusive allí en la legisladora para que se aprueben”, concluye Esparza.
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3 PREGUNTAS CON
José Pablo Abreu, director regional del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en Ciudad de México.
¿Qué panorama podemos esperar de la discusión en el Senado?
Vale la pena tener el contexto de toda esta temática y no dejar de hilar la discusión que se va a dar en el Senado con lo que ocurrió en 2019 (con la reforma constitucional de 2019) en donde prácticamente todas las fuerzas políticas aprobaron la creación de la Guardia Nacional.
Uno de los aspectos que se mencionan en el artículo 29 constitucional es que la formación y el desempeño de la Guardia Nacional tendrá un carácter civil. Hablan de una institución policial, de carácter civil, denominada Guardia Nacional y en esa misma reforma del 2019, en el transitorio número quinto, es donde se dice que las Fuerzas Armadas podrán apoyar en las tareas de seguridad pública durante cinco años en tanto y se consolida la Guardia Nacional. Es decir, hasta el año 2024.
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Además de esta reforma constitucional de marzo de 2019, el Presidente de la República publicó un acuerdo el 11 de mayo de 2020 (un año después), en el cual se formaliza la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.
Es importante que tanto con la reforma constitucional como con el acuerdo militarista -como se le conoce- poco después vinieron impugnaciones. Actualmente hay dos acciones de inconstitucionalidad que no ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres controversias constitucionales y dos amparos promovidos por Mexicanos Unidos contra la Corrupción.
En este contexto, la semana pasada se presentó esta iniciativa en la Cámara de Diputados. El Grupo Parlamentario de Morena dijo que, después de 12 horas de discusión, consideraron tiempo suficiente de discusión y se aprobó en dicha cámara.
Ahora, corresponde al Senado que empiece el análisis de esta iniciativa. Recordando la composición del Senado, la oposición tiene 53 lugares y para aprobarse una ley se requiere de la mayoría de la cámara, que son 65 senadores; algo que Morena y sus aliados sí tienen.
El mensaje que ayer compartió por redes sociales, el coordinador de la bancada de Morena también se vuelve relevante para este contexto de que se va a discutir y en su caso votar en el Senado. El senador Monreal ha expresado que -desde su punto de vista (no es el de la bancada, pero él es el líder de la bancada de Morena)- para formalizar la integración de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas se requiere de una reforma constitucional y esto es una reforma lisa y por lo tanto no es la vía adecuada para formalizar la presencia del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad pública.
Estamos en un panorama en el que la oposición (como ya lo mencionó) no va a votar esta ley y empiezan a ver algunas voces al interior del Grupo Parlamentario de Morena y sus Aliados que ponen en duda que se apruebe en Fast Track, de entrada, sin discusión y además que se llegue a aprobar porque dirían 11 votos más los que se requerirían para frenar esta iniciativa, los que tendrían que venir de Senadores de la bancada de Morena y sus aliados.
En dado caso que se apruebe, más bien sumaríamos otra impugnación en Materia de Seguridad Pública y uso de las Fuerzas Armadas a la Suprema Corte de Justicia y de ahí la relevancia de lo que mencionaba al inicio. Tenemos siete impugnaciones que no se han resuelto que llevan ya más de un año, que es el promedio del tiempo de resolución que le lleva a la Suprema Corte resolver este tipo de asuntos y que no sean resuelto y el problema sería mantener leyes vigentes cuestionadas por su inconstitucionalidad y sin haber sido atendida en el fondo en el pleno de la Corte.
Sumado a esto, estaríamos en un contexto similar al de las reformas en materia energética que la Suprema Corte de Justicia resolvió hace un par de meses y una minoría de la SCJN consideró que las reformas eran constitucionales y por lo tanto no procedió la acción de inconstitucionalidad en ese caso.
Estamos en dos supuestos similares frente a leyes que se ven abiertamente inconstitucionales, que son aprobadas por el Congreso y que serán estudiadas por la Corte cuya composición se ha inclinado a mantener ese tipo de normas, porque les alcanzan los votos.
El presidente anunció que exhibirá a los senadores que no apoyen la iniciativa. ¿Es eso una forma de presión?
Yo creo que las y los senadores deben de recibir cuentas siempre. Creo que en principio no hay nada de malo con que sepamos quiénes votaron a favor y en contra. El problema aquí está cuando uno de los poderes, en este caso el Ejecutivo, empieza a presionar al poder que debe tomar la decisión de una manera que es cuestionable en un estado democrático, donde hay separación de poderes.
Esto viene unos días después de que el presidente dijo que “se confundió” a la hora de proponer a ministras de la SCJN, ahí ves que cuando uno de los Poderes del Estado está por tomar una decisión que puede ir en contra de los intereses del Ejecutivo, éste tiende a presionar de más en el en la escena pública. Ahí es donde está lo cuestionable.
No es cuestionable que las autoridades rindan cuentas, lo cuestionable es que uno de los órganos quiera presionar políticamente a los otros órganos cuando estos van a tomar sus decisiones y estas decisiones parecen que van en contra de lo que él quiere.
¿Qué panorama nos espera? Si el Senado rechaza la iniciativa de ley, ¿se podría volver a presentar? Y, si la aprueba llegarán las impugnaciones, pero, ¿Qué pasaría si no se han resuelto las ya presentadas con más tiempo?
Si el Senado rechaza la iniciativa, por proceso legislativo, debe de regresar a la Cámara de Diputados para que esa cámara atienda las observaciones y preocupaciones del Senado, las vuelva a analizar y decida si mantiene su postura o si cede a algunos de los puntos que exprese el Senado. Ese sería el panorama del proceso legislativo, el texto de la ley debe de ser aprobada por ambas cámaras. Entonces hay una oportunidad de que la Cámara de Diputados reconsidere en caso de que el Senado llegara a rechazar.
Por otro lado está el tema de la impugnación. Supongamos que el Senado no rechaza y aprueba la iniciativa. Entonces, la oposición ya dijo que va a impugnar las probables leyes que se modifiquen.
En ese caso, estaríamos de nuevo en tiempos judiciales. Hace varios meses, en un artículo se señalaba que la Suprema Corte se tarda en resolver este tipo de asuntos más tiempo.
En una democracia es normal que hayan votaciones y que favorezcan las iniciativas del gobierno en turno, especialmente cuando la mayoría del Congreso también está conformada por el mismo partido. Lo que no es tan ordinario son las votaciones Express, sin haber discutido en tiempos legislativos, en las comisiones y sin haber escuchado a los fragmentos de la oposición más allá de la discusión en el pleno, y sin haber llamado a expertas y expertos para escuchar sus opiniones.
En ese sentido, creo que lo que ha generado alrededor de esta iniciativa es la prisa por aprobarla, la negativa por escuchar a las otras voces y la presunción -desde ahora- que esta norma es inconstitucional.
