En 2021 el gobierno federal coordinó 122 programas sociales, de los cuales 71 –58%– tuvieron deficiencias en la medición de sus resultados. El fin de estas iniciativas es revertir un problema público, por ejemplo, la falta de vivienda, la pobreza, el rezago educativo, la violencia contra las mujeres y la violación sistemática de los derechos humanos.
Un programa social monitorea sus resultados a través de indicadores, ello con el objetivo de determinar cómo se realizó la entrega de los bienes o servicios ofrecidos; sin embargo, no va más allá, es decir, no evalúa los impactos generados en el conflicto atendido.
Según información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de los 71 mencionados proyectos comunitarios 55 manejaron parámetros que no permiten la medición de resultados, los 16 restantes necesitaban ajustes para funcionar correctamente.
Los 122 programas sociales activos durante 2021 estuvieron bajo la administración de 15 dependencias, de estas nueve no contaron con las herramientas adecuadas para inspeccionar su desempeño en al menos 50% de sus iniciativas. Las secretarías de Cultura (9%), Salud (21%) y Educación (40%) y los institutos de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (22%) y el Nacional de Mujeres (0%) fueron los entes de menor porcentaje.
Es algo terrible, realmente severo porque no se tiene precisión sobre qué hace ni cómo impacta la estrategia del gobierno federal implementada con el fin de atender las problemáticas comunitarias, señaló a Publimetro Juan Carlos Montero, profesor de Transformación Pública del Tecnológico (Tec) de Monterrey.
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La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, abundó el académico, es ambigua con sus acciones. Presume realizar muchas cosas –agregó–, no obstante, sin indicadores para medir resultados no es posible conocer si en verdad sirven sus labores.
“Cuando el presidente López Obrador dice ‘son ya casi cinco millones’ (de adultos mayores beneficiados por programas sociales), suena padre y él se llena la boca con eso, hasta nos podemos impresionar. Pero ¿son cinco millones de personas que lo necesitan? ¿El dinero realmente les ayuda a mejorar su calidad de vida? ¿Se está resolviendo la pobreza en los adultos mayores? Eso no lo podemos saber porque nos faltan indicadores”, subrayó el investigador del Tec de Monterrey.
Indicadores de monitoreo defectuosos
Los programas sociales activos en 2021 contaron con 256 indicadores para monitorear el cumplimiento de sus objetivos, de los cuales 143 (55.9%) sirvieron para medir resultados, cinco (2%) necesitaron ajustes y 108 (42.2%) no eran capaces de revisar las metas alcanzadas.
Coneval observó cuatro problemas en los indicadores de dichos proyectos comunitarios sin medición de resultados: no son pertinentes (se limitan a analizar la cobertura, no el impacto en la población objetivo); incongruencia entre sus elementos (nombre, definición y método de cálculo); ausencia de los componentes mínimos requeridos para el monitoreo; y no proporcionan datos relevantes del propósito.
El gobierno federal soluciona estas deficiencias con encuestas de satisfacción, las cuales se efectúan, en su mayoría, previo a la entrega de los bienes y servicios correspondientes a los programas sociales, indicó en entrevista el doctor Carlos Ricardo Aguilar Astorga, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
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Obviamente, añadió el especialista, los beneficiados responden las preguntas de manera favorable. Entonces, agregó, la revisión de los objetivos alcanzados termina en una percepción, no en la realidad de cómo las iniciativas revierten un problema público.
“Sin medición de resultados, la razón de ser del programa social queda en cuestionamiento, porque dices ‘bueno, se invirtieron dos millones de pesos en este programa y no hay medición de resultados, pues no hay manera de medir su efectividad’. Pero, más allá de eso, dices ‘¿qué están haciendo con esos dos millones de pesos, qué está haciendo el programa’”, apuntó el académico de la UAM.
Omisión con fines electorales
El dinero destinado por el gobierno federal para sus programas sociales es aprobado por la Cámara de Diputados; los indicadores de monitoreo de resultados son un requisito, explicó Juan Carlos Montero. Con tal obtener los recursos, dijo, los coordinadores de los proyectos los anexan de relleno, como consecuencia son ambiguos e imprecisos.
En ese sentido, detalló el profesor del Tec de Monterrey, los legisladores de San Lázaro son quienes evalúan y deciden si los programas sociales cumplen lo necesario para ser autorizados o no.
“Este es como un acto sutil de corrupción por omisión, porque todos se tapan los ojos, sobre todo los partidos políticos, todos miran hacia otro lado porque finalmente todos acaban recibiendo parte del presupuesto”, aseveró el investigador.
Se puede inducir que los proyectos comunitarios van destinados al manejo electoral; no miden resultados porque se enfocan en una aplicación discrecional, aseguró Carlos Ricardo Aguilar Astorga. Es una omisión, sentenció, pues alguien los aprueba a pesar de las deficiencias.
“Los gobiernos no están demostrando que están revirtiendo problemas, sino que dicen ‘mira, yo no acabe con la pobreza, pero entregué 20 mil tablets’; ‘yo no estoy actuando con la deserción escolar en los chicos de universidades, pero entregué 80 mil becas’; ‘yo no acabé con la pobreza de los menores de edad, pero entregué 40 mil calzados deportivos’. El priorizar el tema electoral deja de lado al problema público y a los resultados”, señaló el académico de la UAM.
