Un par de periodistas asesinados más y 2022 será el año más sangriento del Siglo XXI para el gremio de comunicadores mexicanos; a la fecha, van 11 homicidios relacionados con la labor periodística, según datos de la organización Artículo 19. Pese a ello, 13 estados de la República no cuentan con leyes de protección en la materia.
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas son las entidades federativas sin legislaciones propias sobre seguridad para defensores de derechos humanos e informadores.
No obstante, el total de estados sin mecanismos de protección para dichas personas asciende a 17, porque cuatro de los 19 territorios con leyes enfocadas en el tema no contemplan tal figura, de acuerdo con estudios realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Que existan leyes así brinda certeza jurídica y amparo a los periodistas y defensores ante el contexto de riesgo y violencia prevalente en su trabajo, sin embargo, no asegura un ejercicio de su labor sin riesgo y sin agresiones, indicó a Publimetro Luis Knapp, coordinador de Defensa en Artículo 19.
Múltiples esfuerzos se necesitan para resguardar la actividad periodística y el activismo en favor de los derechos humanos, agregó el especialista; de entrada, que las autoridades cumplan cabalmente sus funciones, dijo, así como coordinación entre cada nivel de gobierno –federal, estatal y municipal.
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“El que exista una legislación así es un paso a favor, pero no es una solución. Las soluciones para tratar de afrontar este clima de violencia e inseguridad contra periodistas requieren muchos esfuerzos, y no solo de una institución o una autoridad, sino un trabajo de Estado”, subrayó Luis Knapp.
La Secretaría de Gobernación (Segob) encabeza la instancia Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; su cobertura es nacional. Hasta enero de 2022, los 10 estados con más personas registradas son Ciudad de México –192–, Michoacán –103–, Chiapas –101–, Jalisco –88–, Estado de México –81–, Veracruz –81–, Tamaulipas –67–, Guerrero –114–, Oaxaca –146– y Quintana Roo –74–; como se mencionó, estos tres últimos no cuentan con legislaciones en la materia.
Un mecanismo de protección local tampoco es una solución porque las agresiones contra periodistas y defensores, en su mayoría, provienen de servidores públicos pertenecientes a los municipios o estados, apuntó el coordinador de Artículo 19.
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“Entonces, la persona periodista cuando le sucede una agresión así no confía en la autoridad estatal, para nada. Es muy común que nos digan eso los periodistas que documentamos con agresiones, es más, no recuerdo alguno que me diga ‘sí, yo quiero el mecanismo estatal porque le tengo mucha confianza y quiero que mi caso lo conozca’”, señaló.
No basta una normatividad
Se necesita una estructura normativa homologada a nivel estatal para proteger a los defensores y a los periodistas, pues el mecanismo nacional de Segob no basta para la terrible cantidad de ataques y de asesinatos vistos en la actualidad, aseveró en entrevista Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
La problemática en torno al tema no solo está en la legislación, añadió la senadora del Partido Acción Nacional, sino también en la coordinación entre autoridades de los distintos niveles de gobierno, en el presupuesto destinado y en las políticas públicas. En la mayoría de las entidades federativas no se reconoce el conflicto, abundó, por lo cual le dejan a la federación esa gran responsabilidad
“Primero, (el problema con la protección para periodistas y defensores) es una falta de reconocimiento; segundo, una falta de entendimiento de que la solución se debe encontrar también a nivel estatal; y tercero, falta una estrategia clara de construir una ley, de generar un mecanismo y, por su puesto, de dotarlo de las herramientas necesarias para que funcione”, explicó Kenia López Rabadán.
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Hay estados con leyes de dicha naturaleza, pero no se ha visto una mejora en la situación de protección y seguridad hacia periodistas y defensores de derechos humanos, detalló, por su parte, el integrante de Artículo 19. Por ejemplo, agregó, la Ciudad de México tienen un marco jurídico para garantizar la labor periodística, pero, conforme a lo documentado por la organización internacional, es uno de los territorios que año tras año registra más agresiones.
“Al no existir una ley, pues, las autoridades dicen ‘bueno, yo no estoy obligado a nada, no hay ninguna ley, no hay ninguna norma que me obligue a hacer esto’. Entonces, las autoridades tienen ahí un incentivo perverso para lavarse las manos”, indicó Luis Knapp.
¿Leyes estatales? Un riesgo
Víctor Martínez Villa, abogado de la organización Propuesta Cívica, consideró que las legislaciones locales para proteger periodistas y defensores no son viables porque la mayoría de los victimarios son funcionarios de los gobiernos municipales o estatales.
Tres son los principales problemas de las leyes estatales en la materia, abundó: agresores dentro de los mecanismos de resguardo, falta de coordinación entre las autoridades locales y federales y poco presupuesto destinado para su operación.
Entre 2010 y junio de 2022, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ejerció acción penal sobre 224 servidores públicos. Cinco ilícitos concentraron el 93.2% de las imputaciones hacia funcionarios: abuso de autoridad (53.1%), tortura (15.6%), contra la administración de justicia (9.4%), tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (7.6%) y lesiones (7.1%).
“Si yo me viera en riesgo por mi labor de defensa de derechos humanos y quisiera asistir a un mecanismo, la pregunta es ¿a qué mecanismo tengo que asistir, al federal o al local? Y eso solo hablando del tema del mecanismo, porque se cruzan un buen de temas más: procuración de justicia, atención a víctimas, desplazamiento, etcétera “, cuestionó en entrevista Martínez Villa.
