La crisis forense en México alcanzó a más 52 mil personas fallecidas que se encuentran sin identificar en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo, ubicadas en diferentes zonas del territorio nacional. Así lo denunció en conferencia de prensa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Promoción, defensa, difusión e incidencia en la vigencia de los Derechos Humanos en México.
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“La Fiscalía General de la República (FGR) solo cuenta con el 20% de los perfiles genéticos de las personas desaparecidas en el país, de ahí la importancia que se le de celeridad al banco forense”, precisó la organización.
La oenegé denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que acatar la sentencia de un juez para crear el Banco Nacional de Datos Forenses en 40 días, toda vez que la dependencia federal ha dejado en el limbo este proyecto, en prejuicio de las familias de las víctimas.
“El juez determina que la inexistencia del Banco es el resultado de la inactividad y falta de coordinación interna de la FGR, una omisión administrativa inconstitucional que viola los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familiares”, advirtieron.
Y es que el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Zacatecas, ordenó a las autoridades de la FGR “hacer todo lo necesario para lograr ese objetivo”, incluida la obtención de recursos económicos, la creación formal de las herramientas tecnológicas, la coordinación en grupos de trabajo de personas expertas en diferentes disciplinas o crear lineamientos y reglas para su funcionamiento.
“A la fecha, la FGR ha incumplido su obligación de crear y poner en operación esta herramienta de identificación, pese a que desde 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (LGD), impulsada y promovida por las familias de personas desaparecidas, estipula claramente que operar el Banco es una obligación a cargo de la Fiscalía”, precisaron.
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Ante esto, Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya Juárez, —desaparecido en Guanajuato— acompañada por el Centro Prodh, presentó la demanda de amparo el 30 de agosto de 2021.
A considerar:
- La sentencia de amparo reitera la existencia del derecho de todas las personas desaparecidas a ser buscadas y, en su caso, identificadas y establece que la omisión de la FGR genera una afectación directa para Olimpia como familiar al demostrarse durante el juicio la inexistencia del BNDF, y considera que la falta de implementación “limita injustificadamente la búsqueda” de su hermano y de todas las personas desaparecidas en el país.
