La organización internacional en pro la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras (RSF), y Propuesta Cívica, denunciarán el próximo 2 de noviembre al Estado mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la desaparición de dos periodistas michoacanos, ocurridas en 2008 y 2010, respectivamente.
Dicha denuncia se hará en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, y responde a la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de los periodistas Mauricio Estrada Zamora y Ramón Ángeles Zalpa, desaparecidos en Michoacán desde hace más de una década en el contexto de la llamada Guerra contra el narcotráfico.
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Sin rastro tras 12 y 14 años
Estrada Zamora desapareció el 12 de febrero de 2008 cuando se trasladaba de la redacción del periódico La Opinión de Apatzingán hacia su casa; no obstante, la policía halló su vehículo con las luces prendidas y las puertas abiertas.
Días después de su desaparición, el periódico local culpó a un elemento de la Agencia Federal de Investigación (AFI), apodado como “El Diablo”, como el presunto responsable del secuestro del periodista; pero esa línea de investigación no prosperó. Asimismo, el hermano del periodista desaparecido recibió una llamada telefónica en la que se le comunicó que Estrada Zamora no había sido secuestrado, sino detenido; empero, las autoridades tampoco siguieron esta pista.
En el caso de Ángeles Zalpa, su desaparición ocurrió el 6 de abril de 2010 en el municipio de Paracho, horas después de haber recibido llamadas de un presunto albañil que necesitaba verlo con urgencia. El también académico se dirigía a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de dicha demarcación; sin embargo, el entonces corresponsal del periódico Cambio nunca llegó al lugar. Entre 2010 y 2013 se realizaron indagatorias que condujeron al paradero del periodista.
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Denunciarán omisiones y fallas en las investigaciones
Las denuncias que presentarán las organizaciones se harán en nombre de las familias de los dos desaparecidos, por " las graves omisiones y fallas en las investigaciones”, lo que aseguran constituye una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte del Estado mexicano; así como por la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la libertad de expresión, a la protección contra la tortura y la detención arbitraria.
“Durante más de una década, el Estado mexicano ha abandonado completamente a estas dos familias. Desgraciadamente, esta es la norma en México: nunca se ha resuelto un solo caso de desaparición forzada de un periodista. Este inexplicable grado de impunidad hace inevitable que los afectados busquen justicia mediante canales alternativos”.
— Christian Mihr, director ejecutivo de RSF Alemania.
La desaparición es solo de las aristas de la violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación en México. En nuestro país hay más de 26 periodistas desaparecidos; y los datos proporcionados el pasado 27 de octubre por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, señalan que desde 2006, se ejecutó a 260 periodistas: 101 en el sexenio de Felipe Calderón; 96, con Enrique Peña Nieto y 63 en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
