El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que tras enterarse de la declaración de persona no grata que hizo el gobierno peruano de Pablo Monroy Conesa, embajador de México en esa nación, dicha decisión es infundada y reprobable.
“Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición”.
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Sin embargo, se pidió a Pablo Monro regresar lo antes posible para no poner en riesgo su integridad, además de que su salida no deja inoperante a la sede diplomática que aún socorrerá a los mexicanos que lo necesiten.
“Se instruyó al embajador Pablo Monroy Conesa regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad física. La Embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la Misión. Nuestra Representación continuará operando con normalidad tras este movimiento”.
Además, la SRE confió en que el diálogo continuará con el gobierno peruano, sobretodo para atender a los mexicanos que buscan regresar.
“México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú”.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores estableció un plazo de 72 horas para que Monroy Conesa abandone el país, la justificación para su decisión fue por las manifestaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la dentición de Pedro Castillo, así como del estadio de emergencia que se decretó y que concluiría en los primeros días de enero.
“Las declaraciones efectuadas por Andrés Manuel López Obrador sobre la situación política en el Perú constituyen una inaceptable injerencia en asuntos internos, en clara violación al principio de no intervención. Son de especial preocupación las declaraciones del 16 de diciembre sobre el Estado de emergencia, así como las realizadas el 19 de diciembre sobre el orden democrático, Estado de derecho y legalidad en el país y sobre la detención del expresidente Pedro Castillo, la misma que fue realizada en flagrancia conforme a derecho, luego de que anunciara un golpe de estado”.
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