Previo al inicio de juicio del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, cargo que ocupó en el gobierno de Felipe Calderón, sus abogados y los fiscales de Estados Unidos continuaron con la pelea en tribunales para que cada bando llegue con las mayores ventajas legales posibles al juicio en contra del exfuncionario mexicano.
Los fiscales solicitaron al juez Brian Cogan que desestime la petición de la defensa de García Luna para que no se presenten las evidencias sobre la fortuna que acumuló cuando dejó su cargo público en 2012, fecha en la que se volvió empresario en Estados Unidos y en donde obtuvo su ciudadanía.
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“La evidencia de las actividades del acusado después de 2012 es evidencia crítica y directa de los crímenes imputados en la acusación. También es una fuerte evidencia de los motivos del acusado para aceptar sobornos del cártel de Sinaloa y del conocimiento, capacidad, oportunidad y preparación del acusado para mantener esos sobornos en secreto”, explican los fiscales en su petición.
En una nota publicada por Milenio se añade que se espera que durante el juicio se demuestre que García Luna recibió millonarios sobornos, primero durante su paso por la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el gobierno de Vicente Fox, después como secretario de Seguridad Pública, las organizaciones criminales que le proporcionaron recursos millonarios habrían sido los cárteles de los Beltrán Leyva y el de Sinaloa.
A cambio de los sobornos, el exsecretario de Seguridad se habría encargado de avisarles sobre operativos que pusieran en riesgo su actividad criminal, así como proporcionales información que les facilitara continuar con el tráfico de drogas de México a Estados Unidos.
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Entre los testigos que se espera que declaren en su contra están personajes de alto rango del Cártel de Sinaloa, quienes testificarían sobre los sobornos que otorgaron a cambio de protección y que explicaría su vida lujosa en Miami.
“El acusado llevó a cabo todas esas actividades a través de una opaca constelación de empresas fantasma, intermediarios, cuentas bancarias en el extranjero, negocios con efectivo y conexiones”, detallaron los fiscales.
