María Elena Ríos advierte que “se vienen tiempos oscuros para las mujeres en Oaxaca” luego del mensaje de impunidad que el Poder Judicial de dicha entidad dio tras el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario contra el exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como autor intelectual de la tentativa de feminicidio que la saxofonista sufrió en 2019, cuando un par de sujetos le arrojó una cubeta con ácido sulfúrico en su rostro y cuerpo, en el municipio de Huajuapan de León.
A tres años del ataque que produjo quemaduras en el 90% del cuerpo de la saxofonista, tres personas fueron detenidas. Uno de los cuales —autor material— murió en el penal de Tanivet en abril de 2022 por complicaciones de salud; y Vera Carrizal —expareja de Ríos— señalado como el autor intelectual, obtuvo la prisión domiciliaria. Asimismo, las autoridades de Oaxaca buscan a Juan Antonio Vera Hernández, hijo del exfuncionario, a quien también se vinculó con el ataque.
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Malena, como la suelen nombrar sus seres queridos, lleva tres años denunciando la inacción de las autoridades en su caso. Sin embargo, durante la última semana alertó hasta el cansancio en sus redes sociales sobre un “acuerdo pactado” en la audiencia –que duró seis días– donde se determinaría si Vera Carrizal podría seguir su proceso en libertad o continuaría en prisión preventiva. No obstante, su peor temor se cumplió cuando el juez Teódulo Pacheco Pacheco ordenó el 21 de enero que el exdiputado del PRI fuera a prisión domiciliaria.
Tras la determinación de Pacheco, el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, escribió en su cuenta de Twitter que estaba en desacuerdo con la resolución del juez en el caso de Vera Carrizal. No obstante, Ríos denunció que las autoridades estatales, el gobernador y el secretario de Gobierno, Jesús Romero, ignoraron sus llamados. “Yo personalmente le hice llamada al número directo del gobernador en turno, al secretario de Gobierno y nunca me contestaron”, señaló la sobreviviente de tentativa de feminicidio.
Un día más tarde, y luego de que la víctima exhibiera en Twitter una fotografía de una reunión que sostuvo Jara Cruz con familiares de Vera, el mandatario estatal compartió un posicionamiento en el que aseguró que, por el momento, no existen las condiciones para que Vera Carrizal no evada la prisión domiciliaria, por lo que se mantendrá en el penal de Tanivet, y solicitó al Poder Judicial se evalúen el cambio de medida cautelar y el proceder del juez.
Esta es mi posición sobre el caso de María Elena Ríos. El combate a la violencia de género y a la corrupción, son ejes de nuestro gobierno. https://t.co/xGux0ksYb5
— Salomón Jara Cruz (@salomonj) January 23, 2023
Entonces que sea el mismo secretario @jesusromerooax el que ahonde, amplíe y remita el informe. La @FISCALIA_GobOax, abogada @DianaCristal290 y yo no lo hemos recibido en ningún momento Gobernador @salomonj. Las formalidades al respecto son por escrito, un video no dice nada. https://t.co/e5o6fZKtcc
— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) January 23, 2023
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“No quiero ser una estadística más. No quiero ser la víctima que el Estado quiere”
Con un cubrebocas con la leyenda “ni una menos”, y con la impotencia que produce el actuar de las autoridades en México, Malena habló con Publimetro sobre el cambio de medida cautelar de Vera Carrizal. La saxofonista originaria de Santo Domingo Tonalá relató que aunque siente mucho temor por la posible liberación de su agresor, no cesará su exigencia de justicia.
Si lo liberan y se da a la fuga y me mata #QuemenloTodo ‼️
— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) January 21, 2023
¿Cómo describes el acuerdo por el que se le cambió esta medida cautelar a Juan Antonio Vera?
— El acuerdo que permitió que Juan Antonio Vera Carrizal saliera de la cárcel, porque la prisión domiciliaria nunca se justificó. Que no sé cuántos millones le dieron al juez, eso te podría decir, pero fueron varios porque, evidentemente, no cualquiera sabe tomar una decisión de esta magnitud, sabiendo que el caso no solamente es nacional, es internacional. Tengo muchos sentimientos encontrados y muchísima rabia, porque esto no debería pasar y porque el mensaje es muy claro, se vienen tiempos oscuros para las mujeres en Oaxaca.
¿Qué pasó durante la audiencia?
— Pues es que todo estaba totalmente estudiado, “esto va a decir la defensa y luego yo te voy a contestar así ¿sale?, y luego tú vas a decir esto ¿ok?, y luego si pasa esto tú vas a hacer lo otro, ¿eh? Y luego la sacamos de la audiencia para que se enoje”. O sea, era un teatro en donde me tomaron a mí, a la abogada y a la Ministerio Público como títeres.
Evidentemente querían agotarme. Yo ahorita no he dormido porque con la impresión de ayer, ni siquiera tenía ganas de dormir, no lo puedo creer todavía. Y ahorita el juez no me ha querido proporcionar la resolución por escrito. ¿Y por qué son importantes estas resoluciones? Cuando se emiten empieza a contar un plazo 72 horas para que yo pueda apelar y todavía no puedo apelar porque no me da la resolución. Evidentemente se vuelve a violar otro derecho.
En la audiencia se me criminalizó, porque el delito que yo cometí fue sobrevivir y eso se repitió una y otra vez, “es que está viva”; pero eso jamás exime el delito es feminicidio. La violencia en contra de una mujer, y liberaron a mi agresor.
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¿Bajo qué argumento se cambió la medida cautelar?
— Lo liberaron porque ni está enfermo y se demostró que no está enfermo con peritos. No está deprimido tampoco porque se reía todo el tiempo. Presentaron datos de una psicóloga, y la perito que hubo en psicología dijo que era nulos porque carecían de metodología, de objetivo, de planteamiento de problema. Cosas básicas. Aún así el juez determinó que el señor tiene mal del Parkinson, que se orina porque le gana todo el tiempo de la pipí, que tiene hipertensión arterial, que tiene hasta el azúcar, que está deprimido y neurótico, ¿cómo van a sacar de la cárcel a una persona neurótica?
Se justificó, supuestamente, que su domicilio va a ser en la casa de su hija Guadalupe Vera Hernández. Nunca presentaron una escritura, la casa no tiene condiciones, tanto así que ¿qué coherencia tiene un balcón sin ventana? Está tapada una ventana y está tapada con triplay, ¿y no hay riesgo de fuga?
¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades estatales y federales?
— Yo personalmente le hice una llamada al número directo del gobernador en turno, al secretario de Gobierno y nunca me contestaron y se pronunciaron ya que estaba muy indignados. Cuando pedía ayuda. A nivel federal solamente el mecanismo de protección es el que me llamó, porque la CNDH tampoco me llamó.
Estoy totalmente desprotegida y desamparada por parte de las instituciones, y lo peor es que todas estamos así, no cesa la violencia. Yo abro redes sociales, veo un noticiero y siempre somos las muertas por las que están pidiendo justicia los papás, que la mamá está buscando a su hija cerca del Metro, que encontraron los cuerpos, que está desaparecida. Todas las noticias son sobre nosotras y nadie dice nada.
Tengo mucho miedo, mi familia tiene mucho miedo, todos tenemos miedo. Pero no quiero ser una estadística más. No quiero ser la víctima que el Estado quiere. La que se calla, la sumisa, la que está deprimida, la que no sale de su cuarto, la que no tiene vida social, la que decide truncar su vida, yo no, yo soy una sobreviviente.
A considerar
- En México son asesinadas violentamente más de 10 mujeres al día.
- De acuerdo con cifras oficiales, durante 2022 se reportaron 947 feminicidios.
- En Oaxaca de manera oficial se registraron 50 feminicidios; no obstante, organizaciones como GESMujer documentaron 126 muertes violentas de mujeres.
- De acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez MX, en las últimas dos décadas se han registrado por lo menos 34 ataques con ácido, 28 fueron contra mujeres, de las cuales solo 22 lograron sobrevivir.
- A nivel federal las penas por la violencia física ejercida mediante el uso de ácidos o sustancias corrosivas va de los 7 a los 13 años de prisión y una multa de 300 a 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
- Diputados federales evalúan modificar el Código Penal Federal para imponer sanciones a estos ataques de seis a 15 años de prisión, y una multa de 500 a mil veces el valor de la UMA.