Integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE); así como representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) iniciaron una serie de acciones para intentar frenar las modificarse que forman parte de las reformas electorales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador conocidas como “Plan B”, previo a su discusión en el Senado de la República.
Cascada de impugnaciones
Los dirigentes del PAN, Marko Cortés; y del PRD, Jesús Zambrano, acudieron este 23 de enero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad para intentar que el tribunal supremo le ponga un alto al “Plan B”.
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Ante medios de comunicación Cortés indicó que se presentarían dos controversias constitucionales a nombre de la Cámara de Diputados y que se trabaja una minuta al respecto en el Senado; así como una acción de inconstitucionalidad a nombre de los alcaldes que aseguran ser afectados por las reformas electorales: Asimismo, indicó que el propio presidente de la cámara baja, Santiago Creel Miranda, solicitará a la SCJN que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias sean atendidas de manera expedita.
“Quieren quitar de las manos del INE y del Tribunal Electoral la posibilidad de sancionar y dictar las medidas que, de forma precautoria, evitarían daño mayor en la difusión de cualquier servidor público; pero también les están reduciendo a los alcaldes particularmente la posibilidad de difundir durante un año de manera legal y transparente las acciones de su gobierno”
— Marko Cortés.
Por su parte, Zambrano explicó que el PRD presentó una acción de inconstitucional en contra de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que forman parte del paquete del llamado “Plan B”.
El líder perredista aseguró que estas modificaciones echan atrás las reformas que se impulsaron en 2006 por la manera en que funcionarios públicos hicieron para denostar a sus adversarios políticos, donde también se dio compra espacios del radio y televisión con los mismos fines –aludiendo a la campaña “López Obrador es un peligro para México”–, y cuestionó, que ahora esas modificaciones sean echadas abajo por el titular del Ejecutivo desde Palacio Nacional.
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“Las impulsó para echarlas abajo, para que los funcionarios públicos puedan hacer lo que les dé la gana usando los recursos de carácter público. Para tener unas campañas sin ningún sentido de equidad, sin ningún sentido de transparencia, y sin que se cuestione el uso de recursos”.
— Jesús Zambrano.
INE también va contra Plan B
Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que el órgano electoral agotará todas las instancias jurídicas a su alcance para garantizar la legalidad y dirimir las controversias con respecto al “Plan B”.
“El Consejo General del INE conocerá próximamente y hará público un informe detallado sobre los impactos que suponen estas reformas conocidas como plan B reformas que por cierto como hemos anunciado diversas instituciones y actores políticos serán impugnadas en las próximas semanas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea esta quien determine sobre el apego de dichas normas a la Constitución y restablezca así el orden constitucional vulnerado”.
— Lorenzo Córdova.
Las consejeras y consejeros del @INEMexico hemos iniciado reuniones regionales con la estructura desconcentrada del instituto para intercambiar ideas e información sobre los impactos que tendrán las reformas legislativas recientemente aprobadas en el Congreso de la Unión. pic.twitter.com/KvqZRs7y51
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 22, 2023
¿Qué es el “Plan B” de la Reforma electoral de AMLO?
Con el argumento de reducir los costos en el aparato electoral de México, el titular del ejecutivo envió un segundo paquete de modificaciones en materia electoral luego de que el pasado 6 de diciembre la Cámara de Diputados desechó la primera propuesta de reformas.
Este nuevo grupo de reformas ya pasó el primer filtro legislativo en la cámara baja tras una serie de correcciones y se discutirá a inicios de febrero en el Senado. El llamado “Plan B” contempla la reforma de 18 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General de Comunicación Social; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Poder Judicial (así como la expedición de una nueva); la la Ley General de los Medios Electorales de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Entre las medidas del “Plan B” destaca la reducción de las estructuras administrativas del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la eliminación de los fideicomisos de la instancia electoral con un recorte de 3 mil 605 millones de pesos; y la reducción del número de distritos electorales en territorio nacional de 300 a 260.
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¿Que lectura le podemos dar al “Plan B”?
El presidente quería generar un marco jurídico que permitiera a sus funcionarios de alto nivel utilizar dinero público, prácticamente para posicionarse libremente y que no se le señale por esto. Que se les permitan sus giras por el país y hacer actos anticipados de campaña y, en ese sentido, pues sí, es un retroceso democrático porque rompe la imparcialidad entre los contendientes; pero además el artículo 134 constitucional es muy claro, eso está prohibido.
Ahora por el otro gran bloque de reformas tenía que ver con infraestructura administrativa del INE , creo que en algunas partes sí va a ser inconstitucional, como correr al secretario ejecutivo del INE por la Reforma y que se nombre uno nuevo, cuando la Constitución señala que el secretario solamente puede ser nombrado por el pleno del INE.
¿Qué podemos esperar de esta serie de impugnaciones?
Vamos a tener, digamos, una especie de carrera jurisdiccional, una carrera contra el tiempo por la premura que tendrá para resolver esto tanto en la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como en la Suprema Corte. y ahí veremos cómo están los diversos criterios, porque incluso en nuestro sistema judicial puede llegarse a dar el caso, de que en algún momento la Sala Superior resuelva antes que la Corte determine la inconstitucionalidad.
¿Quiénes ganan si se determina inconstitucionalidad?
Sería un triunfo del estado de Derecho, en la narrativa oficial seguramente sería que aquellos son poco democráticos y que la Corte se presta, lo que ya hemos visto. Es normal que en la narrativa de ambos bandos tomen algunas de las consignas y traten de jalar beneficios para sus posturas políticas, ¿a quién le beneficiaría más al momento de los votos? Ahí creo que es bien complicado aseverar.
El presidente ha sido muy hábil y en muchas ocasiones perdiendo gana. La capacidad de comunicación y narrativa que tiene al fortalecer a sus bases en un discurso decimonónico e ideologizado. Hay que reconocer que en muchas ocasiones la propia oposición política no ha sabido contrarrestar la narrativa y energía del presidente, y siguen cayendo en el lugar a donde los quieren llevar. Habrá que esperar los resultados de la Corte.
