El segundo y el cuarto periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados iniciarán febrero con dos temas coyunturales teniendo en puerta las elecciones estatales en Coahuila y el Estado de México en 2023, y las presidenciales de 2024.
En la cámara baja se abordará la corrección de la convocatoria para la renovación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE); mientras que en el Senado se discutirá el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, el cual pretende la modificación de leyes como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General de Comunicación Social; y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras.
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De antemano se espera que las bancadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busquen la aprobación del dictamen del Plan B para enviarlo al Ejecutivo y se promulgue en el Diario Oficial de la Federación.
No obstante, las bancadas del Partido Revolucionario institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el Grupo Plural (senadores sin partido), autonombradas “bloque de contención” se opondrán a las modificaciones que plantea la iniciativa enviada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
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Especialistas apuntan a que luego de su aprobación, el tema del Plan B será resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues ya hay una serie de impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, PRD, MC e, incluso, por el INE.
Por su parte, la cámara baja iniciará sesiones con el pendiente de atender la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó modificar algunos aspectos de la convocatoria para la renovación de los INE, particularmente suprimir la la participación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados en la evaluación de los perfiles.
No obstante, existe resistencia de los legisladores, quienes califican como “ confusa” la resolución del TEPJF, y si la Jucopo y el tribunal no llegan a un entendimiento para acatar la sentencia, el tema también podría ser turnado a la SCJN.
