El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite un primer bloque de impugnaciones contra el llamado Plan B de la reforma electoral, presentadas por partidos, senadores, diputados y alcaldes de oposición.
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Se trata de siete acciones de inconstitucionalidad admitidas por Pérez Dayán, quien además suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que limita el gasto en dicha materia a solo 0.1% del presupuesto de las alcaldías del país, para que no se apliquen en el Estado de México y tampoco en Coahuila, los dos estados que tendrán elecciones este año.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido más de 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 31 controversias constitucionales contra el plan B de la reforma electoral, del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Entre las acciones de inconstitucionalidad turnadas para su análisis, se encuentran las promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), el Instituto Nacional Electoral (INE), así como por diversos diputados y senadores del Congreso de la Unión, en las que consideran que las reformas debilitan y violan la autonomía del INE.
Asimismo, las controversias constitucionales tramitadas por el INE, el municipio de Durango; la mayoría de los municipios que promovieron controversias constitucionales son de los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Campeche y Yucatán, y son gobernados por el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano.
