Dos derechos fundamentales, en México, tienen fecha de caducidad: el de acceso a la información y el de protección de datos personales. El Senado de la República posee el poder para evitarlo –la deadline es el próximo 31 de marzo–, pero no lo ha hecho durante un año.
El atisbo de la agonía de estos derechos fue la salida de Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el 31 de marzo de 2022, del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el cual, según las leyes mexicanas, se conforma por siete comisionados –seleccionados por la Cámara Alta– y sus sesiones son válidas con la asistencia de cuando menos cinco.
Desde entonces hasta febrero de 2023, con cinco comisionados, el pleno del Inai llevó a cabo 42 sesiones ordinarias y una extraordinaria, en donde se resolvieron alrededor de 24 mil recursos de revisión, de acuerdo con datos del propio órgano autónomo. No obstante, en 31 días un integrante más terminará su periodo y, por ende, no habrá quórum legal: Francisco Javier Acuña Llamas.
El Inai es el encargado de garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, a través de recursos de revisión, cuando los sujetos obligados –las dependencias gubernamentales– niegan u ocultan documentos o conocimientos a la gente que lo solicita. Sin el pleno del instituto la ciudadanía queda sin medio de defensa.
“En este escenario, la inoperancia del pleno del Inai representaría un atentado directo a la garantía de dos derechos fundamentales y, al mismo tiempo, un grave retroceso en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y combate a la corrupción”, advirtió el órgano autónomo en un texto enviado a Publimetro.
Aún persisten las resistencias del gobierno a proporcionar la información requerida por la ciudadanía, agregó la institución. Ante las constantes respuestas de incompetencia, inexistencia y reserva, abundó, la única vía para lograr la apertura son las resoluciones del pleno del Inai.
Omisiones graves del Senado
El 2 de marzo de 2022, el Senado de la República comenzó el proceso de selección de los dos nuevos comisionados del Inai, quienes sustituirán a Monterrey Chepov y Guerra Ford. El 1 de abril del mismo año concluyó la depuración de los candidatos: se emitió una lista con 13 finalistas. Hasta el momento, la Cámara Alta no ha sesionado para elegir a los perfiles idóneos.
Si no hay pleno del citado órgano autónomo, no hay forma de proteger nuestro derecho de acceso a la información ni tampoco nuestros datos personales, explicó en entrevista la doctora Mariana Cendejas, investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey. Es increíble y desquiciante que no pase nada en el Senado ya con todo listo para la votación, dijo, “sí es preocupante”.
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Debido a la conclusión del periodo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, los senadores solo tienen 31 días para nombrar a los nuevos integrantes del Inai. De no hacerlo, el próximo 1 de abril no habrá quórum legal para desahogar las quejas por negación u ocultamiento de información.
“El Senado está en una omisión grave, porque ha pasado tiempo en demasía: se hizo la convocatoria, hubo entrevistas públicas, se llegó a una selección de 13 finalistas, y no es posible que, a estas alturas del partido, y más cuando se les va a juntar la chamba con la salida del comisionado Acuña Llamas, no se pongan las pilas”, aseveró Mariana Cendejas.
Información al contentillo de dependencias
Aunque el pleno del Inai no cuente con los comisionados necesarios para sesionar, las personas podrán realizar solicitudes de información, el problema es que si las dependencias gubernamentales la ocultan o la niegan, no hay manera de revocar esa decisión, señaló a este medio Jaime Hernández Colorado, secretario técnico del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), de la Universidad de Guadalajara.
“Los sujetos obligados van a estar en un escenario en el que, de manera absolutamente arbitraria, van a poder decir ‘no doy la información y hazle como quieras’, y el ciudadano va a decir ‘ah, pues mi medio de defensa es el recurso de revisión’, ‘sí, nada más que tu medio de defensa puede ser ejecutable hasta que dios quiera o hasta el año que viene’”, detalló el académico.
La cantidad de recursos de revisión interpuestos ante el Inai se divide entre los comisionados existentes. Entonces, subrayó Hernández Colorado, después de la salida de Acuña Llamas, se hará un cuello de botella: los asuntos no se detienen y, por tanto, se los repartirán solo cuatro miembros del pleno.
Según estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, en los últimos tres años las quejas por la negación de datos o documentos crecieron sin pausa: 17 mil 88 en 2020, 17 mil 164 en 2021 y 24 mil 941 en 2022.
“Nosotros debemos estar preocupados, los sujetos obligados, a los que les gusta ocultar información, harán fiesta, porque los recursos de revisión ya no se podrán resolver. Todos aquellos asuntos en los que los ciudadanos estén recurriendo una decisión de ocultamiento de información, pues van a tener que esperarse y eso significa la cancelación del derecho constitucional de acceso a la información”, enfatizó el secretario técnico del IIRCCC.
