Diputadas buscan por todos los medios aprobar la ley “3 de 3 contra la violencia”, que establece que quien pretenda aspirar a cargos de elección popular no deberá tener antecedentes, investigaciones, procesos o condenas por violencia doméstica, agresión sexual o adeudar pensión.
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“Estamos ya por determinar la actualización en la norma, sobre todo lo que tiene que ver con los requisitos de elegibilidad y de características de quienes busquen acceder al servicio público, y esto es que no sean agresores de mujeres ni deudores alimentarios”, señaló la diputada Aleida Alavez, de la bancada de Morena.
La morenista afirmó que esto se pretende que aplique no solo para el sector público, sino para las diferentes instituciones públicas, académicas y empresariales, entre otras.
Además, indicó, los 12 dictámenes de consenso que se busca subir este miércoles 8 de marzo al Pleno se refieren a temas como violencia laboral, resguardo a niñas, niños y adolescentes cuando sean víctimas de violencia, de los centros de violencia, y violencia vicaria, por interpósita persona, es decir, que es ejercida por terceras personas, ejemplo es que se use a los hijos para hacer daño al progenitor.
