Después de más de dos años de estar en la “congeladora” y con 106 años de estar vigente —desde 1917— el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, que fomentaba la autocensura y las amenazas desde el poder político contra periodistas y medios de comunicación.
Esta ley permitía sancionar a quien cometa injurias al presidente, a una ministra o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un magistrado de circuito o de la Ciudad de México, de los estados, a un individuo del Poder Legislativo federal o de los estados, a un general o coronel, secretarios del despacho, al fiscal general de la República, gobernadores, titulares del gobierno de la CDMX; es decir, gran parte de las autoridades.
De hecho, en febrero de este año, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados entró en polémica por una propuesta de reforma a la Ley de Delito de Imprenta, presentada por la morenista Jocabeth Hernández Ruedas, quien proponía sancionar con una multa máxima de hasta 4 mil 174 pesos a quien injurie al presiente de la República. Esto debido a que se proponía ajustar las cantidades de pesos a Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En su exposición de motivos argumentó que la ley vigente ya no “corresponde a nuestro tiempo”, pues “establecía sanciones de 25 y 50 pesos o arrestos para quien publique palabras o expresiones injuriosas en detrimento de otras personas”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tajante la propuesta impulsada por la diputada de Morena, negó haber promovido la nueva disposición y aseguró que la vetaría, de ser aprobada.
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Piden deroguen delitos en códigos penales en Estados
Respecto al dictamen avalado este miércoles, desde 2020 la Cámara de Diputados lo aprobó y que le fue turnado al Senado para su aprobación
“Dicha ley resultaba anacrónica, criminalizante y restringía la libertad de expresión y ahora debe ser aprobada por el Ejecutivo para que en definitiva quede abrogada esta ley”, expresó Luis Knapp Moreno, coordinador de defensa de la organización Artículo 19.
Knapp Moreno señaló que hace falta mayor compromiso por parte de las autoridades para generar un clima de mayor seguridad para el ejercicio periodístico, porque lamentablemente son más de 150 periodistas que han sido asesinados desde el 2000 a la fecha en México, siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel mundial.
“Esto es un pequeño paso —la derogación—, pero hace falta todavía establecer mayores y mejores condiciones para que el ejercicio periodístico en México se desarrolle de manera más segura. Esto comienza con el actuar de las mismas autoridades que están obligadas a garantizar y proteger los derechos humanos.
Desde las autoridades se comienza a violentar este derecho, el cual genera un clima de animadversión hacia la prensa, que lamentablemente desde las altas autoridades, desde el Ejecutivo se hace a diario, establecen un clima de mayor inseguridad, colocando todavía más a las y los periodistas en el blanco de agresiones”, indicó en entrevista concedida a Publimetro.
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Artículo 19 hizo un llamado al Poder Legislativo a que sigan con este mismo impulso y deroguen delitos que están establecidos en diferentes códigos penales de los estados que atentan contra la libertad de expresión, como son: delitos de ultrajes a la autoridad, ultraje a símbolos patrios, contra el honor, otros más que afectan directamente la libertad de expresión y al ejercicio periodístico.
