Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que se deben de atender las causas que provocan la migración, y reitera su petición de que Estados Unidos debe de invertir en programas sociales en Centroamérica, en México, especialistas consideran que el Gobierno Federal debe de cambiar la política migratoria de contención y ataque a migrantes a una con una visión más de derechos humanos y que integre a tales comunidades en el país.
Tras el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27d e marzo, el padre Alejandro Solalinde, director de la casa de Migrantes “Hermanos en el Camino”, en Oaxaca, se reunió con el mandatario y dijo que desaparecería el Instituto Nacional de Migración (INM), mismo que sería sustituido por una comisión intersecretarial.
“Estamos hablando con el padre Solalinde y estamos viendo qué debemos hacer para garantizar los derechos humanos, para que no se repitan estos lamentables hechos, estas tragedias”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina de este martes. Cuestionado sobre si desaparecerá al Instituto Nacional de Migración, el mandatario respondió: “Es que estamos viendo, porque también queremos que concluya la investigación de la fiscalía y que se informe qué sucedió, quiénes participaron, quiénes son responsables, no ocultar absolutamente nada, siempre la verdad y a partir de ahí tomar decisiones”.
López Obrador insistió en que hay un riesgo constante cuando se atraviesa México rumbo hacia Estados Unidos. “Volvemos con lo mismo, la importancia de lo preventivo, atender las causas. Que la migración, ese es el ideal, sea optativa, no forzosa, y que se puede lograr que la gente se quede en sus comunidades, nadie abandona a sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad, pero no se hace nada, quienes podrían ayudar no lo están haciendo”.
El mandatario retomó su reclamo al gobierno de Joe Biden y al Congreso de Estados Unidos, por no aprobar su petición de financiamiento para programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en países de Centroamérica.
“La última vez que el gobierno de Estados Unidos ayudó a los países de América Latina y el Caribe fue cuando la Alianza para el Progreso, con el presidente Kennedy, que invirtieron en ese entonces alrededor de 40 mil millones de dólares de nuestro tiempo. No ha habido inversión”, a lo que añadió: “No exagero, pero estamos nosotros invirtiendo más en América Latina y en el Caribe que Estados Unidos, ayudando a la gente pobre, y pues ellos tienen más posibilidades de apoyo”.
Finalmente, el mandatario reconoció que existen “la travesía hacia el norte es riesgosa en extremo” y puso como ejemplo, el secuestro de migrantes en Matehuala, San Luis Potosí. “Acaba de suceder en San Luis Potosí, en Matehuala, una situación de secuestro de migrantes por la delincuencia organizada. Siempre hemos planteado buscar ofreciendo trabajo, albergue, atención, mantener en sureste a los migrantes, porque la travesía hacia el norte es riesgosa en extremo. Tenemos que buscar opciones, alternativas”, concluyó.
3 preguntas con
Javier Contreras Arreaga - Director de la carrera de derecho del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara
P: ¿Cuál es su lectura del cambio en Migración que mencionó el padre Solalinde tras reunirse con el presidente?
No nos queda muy claro a las organizaciones -porque hemos estado en comunicación distintas organizaciones- si realmente hay tal propuesta. Evidentemente, ahorita lo que urge es atender la tragedia, atender las graves violaciones que llevan sucediendo en las estaciones migratorias y que, ahorita, en este momento, no hay todavía una respuesta, no hay una disculpa pública.
Nos preocupa que este discurso sobre una posible reforma nada más sea para poder distraer la atención. Sobre lo que sería esta gran coordinación intersecretarial, la verdad es que tampoco se ha dicho mucho. No tenemos una idea de cuál sería el proyecto, ¿Va a desaparecer el Instituto Nacional de Migración? Puede tener muchas formas de entenderse.
Evidentemente no podemos quedarnos sin autoridades migratorias. Un país necesita una autoridad migratoria para los ingresos, para la emisión de permisos, para regular las estancias migratorias. Esa es una función básica de los Estados modernos.
Si van a desaparecer al Instituto Nacional de Migración, tendría que quedar otra cosa que opere lo que hace hoy el INM. No puede desaparecer esa función, puede desaparecer el nombre de la institución, pero tendrá que terminar siendo aterrizada en otra dependencia.
Esta idea de una coordinación, la verdad también es muy ambigua. ¿Qué quiere decir eso? Podría significar varias cosas.
La verdad es que no es la primera vez que se plantean cosas de ese estilo en México. También hay que recuperar lo que ya existe en la administración pública. No nos han presentado ninguna propuesta, porque no se ha dicho nada formalmente. Para fines prácticos, en esta idea de trasladar Migración a una secretaría técnica o ejecutiva, o a esta gran coordinación, terminarán siendo las mismas personas.
P: ¿Cuáles tendrían que ser los cambios en la administración pública federal para atender de una mejor manera el tema de la migración en nuestro país?
Hay pautas claras. Por ejemplo, creo que no es adecuado ahora pensar en una reforma constitucional de este tamaño, cuando ya estamos en la recta final de la Administración. O sea, no construir una reconfiguración de la política migratoria a nivel instituciones, creo que está pésimamente pensado si implica hacer una reforma constitucional y transformar las instituciones, otorgarles recursos, como lo está planteando el padre Solalinde.
La verdad es que se meterían en una camisa de 11 varas, como dicen, porque es extraer también todo lo que tiene que ver con la función consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, implica una reforma constitucional de gran calado: reformar la ley de migración, la Ley de refugiados, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y crear reglamentos nuevos. Definitivamente no es viable.
Lo que pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez, las personas que han muerto en otras estaciones migratorias por falta de atención, los trailers llenos de personas que son sujetas de tráfico ilícito de migrantes, todos estos problemas no son porque no haya un grupo intersecretarial o un órgano desconcentrado que depende de Gobernación. Todos esos problemas son porque la política migratoria ha sido de contención y de atacar a las personas migrantes y no de protección a las personas migrantes.
Con la legislación actual se pueden hacer cambios en la política, con la misma institución de respaldo y eso creo que debería de ser la postura que actualmente deberían tomar. No es que no queramos al Instituto Nacional de Migración. Lo que no queremos es la política de detenciones, porque eso sí va en contra de los estándares mínimos y el estándar internacional básico de atención a las personas migrantes. La detención migratoria es la última de las opciones. Debe de haber alternativas a la regularización migratoria, que la deportación sea una excepción y no la regla.
Lo peor es que eso sí está contemplado en la ley de Migración que está vigente, entonces tenemos una autoridad que no cumple con lo que está pidiéndole la ley, con el catálogo de derechos humanos al que está suscrita y al que está obligado a respetar. Por eso nos preocupa esta iniciativa, porque este catálogo de instituciones que están contemplando para formar parte de esta Coordinación Nacional de Inmigración está ultra militarizado. Tenemos a muchas instancias de índole castrense como la Guardia Nacional, la Secretaría la Marina, el Ejército y no están instituciones como Protección Civil, no está el Sistema Nacional del DIF, no está Bienestar, entonces es muy contradictoria la propuesta.
¿Cuáles serían los retos para la próxima administración y qué le gustaría a la sociedad civil escuchar de propuestas en materia migratoria?
Esta propuesta del padre Solalinde tampoco se la inventaron de la nada. Lo que sucede es que al inicio de la administración de López Obrador, cuando apenas iban a comenzar la gestión, Solalinde y Alejandro Encinas lideraron mesas de diálogo con las organizaciones de migrantes y con la sociedad civil y esta propuesta realmente viene de esas mesas. Hay elementos básicos de esta propuesta que se recuperaron de esas mesas.
¿Qué esperaría la sociedad civi? Evidentemente es muy importante que haya, por fin, una política migratoria que ponga en el centro a las personas migrantes y para que eso suceda tiene que haber programas específicos que estén destinados a atender a esta población. Hoy en día no existen. Lo que hay son acciones de gobierno para contener o para perseguir a personas migrantes a ciertos grupos de personas migrantes, pero no hay programas sociales, no hay acciones encaminadas a su integración en el diseño de una política federal.
Sería muy bueno que cualquiera de los modelos atienda la migración en todos sus flujos y con una visión de desarrollo, de derechos humanos, pero en el discurso está padrísimo.
Lo que la sociedad civil sí está esperando es que se le convoque, Las organizaciones, los albergues y otras organizaciones defensoras de derechos humanos tendrían que estar en esa mesa.
