La Fiscalía General de la República (FGR) procederá penalmente en contra de Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM) con motivo de incumplir con su obligación de salvaguardar la integridad de los migrantes que están en territorio mexicano.
Luego de la tragedia registrada en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo, las investigaciones de la FGR encontraron un antecedente de 2020, en donde también el incendio en una estación ubicada en Tabasco cobró la vida de una persona y provocó heridas a otras más.
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“En la investigación de antecedentes, se encontró que el 31 de marzo de 2020 se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Además de esto, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los años recientes puso en evidencia las faltas y omisiones del INM, las cuales aún se cometen, por lo que se convirtieron en un patrón de irresponsabilidades y omisiones
“Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco ‘N’ y Antonio ‘N’, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
El Código Penal Federal establece que comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que “teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.
La sanción puede variar de los dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.
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Además de proceder legalmente en contra del director del INM, la FGR consiguió órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de cinco personas; tres de las cuales son funcionarios del INM; una que es personal de la empresa de seguridad privada y una persona que inició el fuego, todas ellas ya están en prisión.
Los servidores públicos fueron identificados como Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N”, Eduardo “N” es el empleado de la empresa de seguridad y las autoridades consideran que son responsables directos de los homicidios y lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
“La empresa de seguridad privada y el INM suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”.
Tampoco se brindó capacitación ni supervisión el trabajo de los guardias de seguridad, aunque era parte de las obligaciones de los contratos, además de que la empresa se abstuvo de registrar en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
