La generación, acceso y calidad de la información educativa se ha puesto en riesgo con decisiones tomadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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Esto porque el pasado lunes 10 de abril, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hizo oficial la determinación de revocar el carácter de IIN del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).
Dicho sistema concentra la información de la SEP como nóminas magisteriales, resultados de evaluaciones y características de la infraestructura educativa, lo que era considerado como indispensable para conocer la realidad del país.
Así, México da otro paso en la opacidad para tomar decisiones referentes a la educación, pues en 2014 determinó cancelar la prueba Enlace que era un sistema estandarizado de evaluación, luego en 2021 anunció la eliminación de la prueba Pisa que aplicaba la OCDE para conocer el nivel educativo del país en comparación con sus demás miembros y ahora también el reporte del Inegi.
El IMCO advierte que esta decisión amenaza el acceso, la calidad y el uso obligatorio de esta información pública que es fundamental para el diseño de la política educativa.
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Esta determinación fue tomada, de acuerdo con el IMCO, porque no se cumplía con el criterio de “ser información generada de manera regular y periódica”, lo cual es resultado de las modificaciones impulsadas por el propio Gobierno Federal, advierte el organismo.
Pone como ejemplo la eliminación del Instituto Nacional de Evaluaciones Educativas (INEE) y el servicio profesional docente, además de la suspensión del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (pruebas Planea).
Las implicaciones de esto serán que “se pone en riesgo la calidad de la información educativa de México. Sin la clasificación de Información de interés nacional, se podría vulnerar la calidad en la información educativa que guía la política pública”.
Básicamente quiere decir que la información educativa dejará de ser de uso obligatorio para todas las instancias gubernamentales y “esto podría resultar en políticas educativas mal diseñadas y evaluadas que no apunten en dirección a las necesidades de las comunidades educativas”.
Será un trabajo a ciegas, ya que la información podría pasar a ser solo un accesorio en el proceso de formulación, implementación y evaluación de las estrategias educativas.
Pero además, se podría limitar el derecho al acceso y transparencia de la información pública, alerta el IMCO.
Si bien las autoridades continuarán con la recopilación y resguardo de la información del SIGED, el Inegi dejará de suministrar dicha información a las autoridades y a la sociedad y al no ser publicada, procesada y difundida de manera proactiva por el Inegi, se requerirá de solicitudes de información para poder acceder a esta, lo que entorpece el acceso a la información.
