Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la reforma que buscaba el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en septiembre de 2024 volverá a presentar tal iniciativa ante la nueva legislatura, la cual espera se integre “por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra Cuarta Transformación”. Especialistas consultados por Publimetro alertan que este mensaje tiene el objetivo de influir en las elecciones de 2024.
“El día 1º de septiembre del año próximo presentaré una nueva iniciativa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre; van a tener un mes y voy a pedir que se dé prioridad”, advirtió AMLO.
“Va a depender de que el pueblo decida votar, no sólo por un candidato de nuestro movimiento, candidata o candidato, sino también, que es muy importante, por los legisladores candidatos a diputados y senadores. Porque ya lo estamos constatando: se puede tener mayoría simple, más del 50%, pero para llevar a cabo una reforma constitucional se requieren dos terceras partes de los votos; es decir, se requiere una mayoría calificada. Eso se tiene que conocer porque se desconocía o no se sabe lo suficiente”, añadió.
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El propósito es que nunca se regrese la terrible época de contubernio entre delincuentes, potentados y autoridades.
— AMLO, sobre volver a presentar reforma de la Guardia Nacional
López Obrador respaldó su discurso en la presentación de los resultados al primer trimestre 2023 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la que las Fuerzas Armadas salen con altos niveles de aprobación.
“Esto demuestra que hay como dos mundos, el de la llamada sociedad política y el del pueblo, el de la mayoría de los mexicanos. Para la élite política —los grupos de intereses creados—, no debe el Ejército, la Marina, participar en labores de seguridad pública, cuando el pueblo de manera mayoritaria le tiene confianza a la Secretaría de la Defensa y a Marina, y a la Guardia Nacional”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.
Mantener cercanía con militares, orden de AMLO a la GN
El mandatario instruyó a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantener como comandante de la Guardia Nacional al general retirado David Córdova Campos, y le pidió que recorra los cuarteles de la Guardia Nacional para garantizar a los elementos que continuarán sin cambios, ni de sueldo, ni de atribuciones, así como que se respetarán los ascensos.
El mandatario también dijo que su gobierno respetará la decisión de la SCJN y que, tal como lo señala la Constitución, la Guardia Nacional “continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina”.
Para José Perdomo, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, la respuesta de López Obrador a la decisión de la SCJN “no es nada más agresiva, sino abiertamente tendenciosa, buscando una finalidad de autoritarismo”.
“El presidente López no pierde el estilo y toda la vida va a ser igual. Es exactamente la misma persona de siempre. Es muy desatinado en su forma de dirigirse a los otros dos poderes de la Unión, en este caso al Poder Judicial, de uno de los integrantes de nuestro sistema republicano. No tiene ni la menor idea de lo que es la actividad jurídica al señalar que los otros ocho ministros actúan de forma política y no de forma jurídica”, comentó Perdomo en entrevista con Publimetro.
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Sobre la manera en que propondrá de nueva cuenta la reforma para la Guardia Nacional, Perdomo reflexiona: “Lo que está diciendo -que eso sí es realmente muy grave- es: ‘Voy a empeñar todo mi esfuerzo para que en las elecciones del 2024 vuelva a existir una mayoría absoluta en la configuración del Congreso’, es decir, se está metiendo con el Legislativo. Es un discurso, no nada más agresivo, sino abiertamente tendencioso, buscando una finalidad de autoritarismo y de control desde la presidencia, de un partido político único. Pueden haber muchos [partidos políticos], pero uno con mayoría y que -por lo tanto- puedan modificar a diestra y siniestra la Constitución”, concluyó.
3 preguntas con
Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey.
¿Cuál es su lectura de la respuesta del presidente a la SCJN?
Más bien es como una bandera electoral lo que planteó el presidente. Creo que, de aquí en adelante -como ya lo ha hecho antes en cualquier tema en el que no salga favorecido-, va a ubicarlo como una bandera que le permita pedir el voto por Morena para poder tener una mayoría que le permita nuevamente generar cambios mayores.
Al final, él sabe que es muy complicado que tenga mayoría en la siguiente legislatura, o por lo menos, la mayoría que tiene ahora, porque, esa mayoría está configurada a partir de su imagen.
La siguiente elección va a ser muy complicada, en buena medida, porque su popularidad no necesariamente se refleja en votos y lo sabe. Por eso configura estas banderas y, no únicamente eso, sino que pone sellos que -quien quede como candidato o candidata (si es que gana la elección)- tendrá que cargar con el nombre de López Obrador, con el objetivo de mantenerlos, de alguna manera, dentro del propio proyecto.
Me parece que es una herramienta que le permite a él, en primera instancia, mantener el poder dentro de la propia estructura de Morena y, en segunda instancia, ser una bandera electoral que le permita pedir el voto por cosas concretas, ya que a veces las campañas son muy abstractas. Esto le permite aterrizar en términos de la preferencia electoral.
¿Es un acto anticipado de campaña? ¿Puede tener sanción?
Es muy complicado el tema porque los criterios sobre gastos y actos anticipados de campaña varían. Lo único que tal vez se estaría planteando es el tema de que los funcionarios públicos no pueden pedir votos, ya sea que haya un proceso electoral, pero no hay un proceso electoral.
Seguramente va a haber impugnaciones en el contexto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero es el presidente. Entonces, lo más seguro es que le hagan otro exhorto, como ya se los han hecho.
Aún así, AMLO ya lanzó una bomba. ¿El que pega primero, pega dos veces?
Sí. Él ya marcó la agenda. Lo que a él le gusta -y lo hace para poder mantener obviamente la atención- es marcar la agenda. Él lo ha dicho “Ustedes no van a poner la agenda, la pongo yo”, entonces es un tema que va a estar hablando.
Existe un trasfondo. Primero, el argumento con la Suprema Corte es porque ha dicho que el próximo gobierno debe hacer una reforma judicial. Ahora, la mayoría que él busca configurar para la siguiente legislatura. Todo está enfocado a decirle a la gente que no puede hacer más cosas porque perdió la mayoría.
Pero también es un argumento de que, quien está haciendo la campaña del siguiente candidato o candidata, es él. Es él y es el proyecto, por lo tanto, no importa quién sea ese candidato.
Es posible que Morena pueda ganar la siguiente elección, pero en tal caso no va a ganar de la forma en la que ganó en 2018 o incluso en 2021. Quien quede en la presidencia, no únicamente va a tener la posición dura de López Obrador dentro de Morena y dentro del propio Congreso, si no que (si es de Morena) se vería forzado a negociar con la oposición para poder sacar los temas de su propia agenda, si es que trae agenda.
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En “consonancia con la Constitución mexicana y los estándares internacionales de derechos humanos” es “fundamental asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional”, señaló en un comunicado Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que actúen con celeridad en relación con la sentencia de la Suprema Corte que declara inconstitucional la transferencia legislativa de la Guardia Nacional al control militar del año pasado”, añadió el funcionario.
“Espero que la decisión de la Corte motive un diálogo amplio que contribuya a mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad civiles y conduzca a una limitación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, comentó.
Türk hizo énfasis en que “la creciente militarización de las fuerzas de seguridad en México, en particular desde 2006, ha provocado un aumento en las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas”, y recordó que su Oficina y otros organismos internacionales de derechos humanos han pedido reiteradamente que la seguridad pública esté en manos de fuerzas de seguridad civiles en México.
“Las Fuerzas Armadas sólo deben ser desplegadas en tareas de seguridad temporalmente, en circunstancias excepcionales, subordinadas a las autoridades civiles y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, expresó, concluyendo en que “la sentencia de la Suprema Corte también subraya la importancia de la independencia y separación de poderes y la existencia de contrapesos institucionales”.
