La Consejería Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva lo antes posible la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC), que se expidió el 11 de mayo de 2018, así como de su norma aprobada en diciembre de 2022.
La petición sugiere que dicho análisis sea antes del que se hará a reformas recientemente aprobadas, como la conocida como Plan B o de la Guardia Nacional (GN).
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La Consejería relató que la LGSC fue aprobada antes del inicio del proceso electoral de 2017-2018 por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), pero cuestionada “por la entonces minoría” en el Senado.
A las críticas también se sumaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano porque consideraron que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución.
“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta.
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“Contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (Plan B)”, argumentó la Consejería.
Desde hace cinco años SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de su impugnación en 2018.
La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es, afirmó, con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica, por eso la SCJN debe resolver los asuntos de su conocimiento “sin consignas ni distingos políticos”.
