Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la primera parte de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los promotores de la Cuarta Transformación (4T) anunciaron una serie de modificaciones que le pretenden hacer al Poder Judicial.
La más sonada fue una supuesta iniciativa de reforma que será promovida por el jefe del Ejecutivo federal; sin embargo, en el Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores de Morena y del PT adelantaron que buscarán trastocar el Poder Judicial y la Suprema Corte a través de otros métodos como retirarle un fideicomiso o realizar una consulta popular.
Por un lado, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, señaló en una conferencia de prensa que buscará realizar el ejercicio de Consulta Popular para preguntarle a la ciudadanía si desea que los ministros de la SCJN deban de ser elegidos por voto popular.
Específicamente, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, adelantó que buscará la concurrencia de tanto opositores como oficialistas y que su intención sólo está fijada en la modificación del tipo de participación ciudadana. Esto quiere decir que no está interesado en que se modifiquen los criterios de selección para poder ser candidato a ministro de la Corte.
A esta declaración se le agregan las de Hamlet García, diputado por Morena; Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT); Ricardo Monreal, senador de Morena; y, por su puesto, las de AMLO, quienes también señalaron áreas de oportunidad y privilegios de la Corte.
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El presidente López Obrador y el diputado García Almaguer destacaron la posibilidad de realizar una reforma al Poder Judicial, donde los ciudadanos tengan la posibilidad de votar por los puestos a magistrado de las primeras dos salas de la SCJN. El legislador agregó que ve con buenos ojos que sea como en la Constitución de 1857, donde además de contar con la participación de las personas, el periodo de los magistrados en la Corte sea de seis años y no de 15.
Por su cuenta, Ricardo Monreal enlistó 40 privilegios de la Suprema Corte, mismos que calificó como un exceso que se debe de reducir al máximo en pro de un Estado justo y equitativo en relación a su pueblo (que mayoritariamente es pobre). Finalmente, con un acento similar, Fernández Noroña dijo que buscará que se les retire un fideicomiso. “Vamos a ir por el fideicomiso, van a ver. Ya llegaron a su límite”, amagó desde la tribuna de la Comisión permanente la semana pasada.
