Morena promoverá sí o sí una reforma profunda al Poder Judicial, donde la principal consigna será la modificación al Artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), esto ya fue declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la bancada guinda en el Congreso de la Unión.
El punto de ruptura fue cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte de la Reforma Electoral promovida por AMLO, posteriormente, el oficialismo vertió numerosas críticas contra los magistrados que integran la máxima autoridad judicial de México, mientras que los opositores aplaudieron la declaratoria de invalidez.
La postura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contra la Corte tiene diferentes motivaciones: el nepotismo, la presunta colusión con delincuentes y el incumplimiento de normas éticas a las que debería de estar atenta y que, a ojos de la militancia del partido guinda, ha incumplido a todas luces.
La Reforma Judicial de Morena
Por ello, Alejandro Robles, diputado federal, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para promover que los integrantes de la Corte lleguen a su puesto a través del voto directo de la ciudadanía y no a través del mecanismo de representación indirecta que compete al Senado de la República.
En el Artículo 96 constitucional se especifica que, para la designación de magistrados en la SCJN, primero, el jefe del ejecutivo federal promueve una terna ante el Senado de la República. Después, los senadores deberán de elegir con su voto el mejor perfil de acuerdo a su criterio y lo avalarán únicamente con la votación de la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes. Si el Senado no llegara a ningún acuerdo, entonces, el presidente de la república es quien designará el cargo.
Nuevo modelo de votación por magistrados de la SCJN
Ello no implica que, para acceder a la suprema corte, los interesados se pronunciarán como en un sistema de partidos. Lo que ocurrirá es que se creará un consejo técnico, el cual tendrá la responsabilidad de evaluar a todos los aspirantes para definir las candidaturas. El consejo estará conformado de siete personas de la más alta calidad moral y, para evitar vicios en la conformación de dicho consejo, sus integrantes serán puestos por el presidente de México (un lugar), la SCJN (un lugar), el Consejo de la Judicatura (un lugar), el Senado de la República (un lugar) y la Cámara de Diputados (dos lugares).
Esto quiere decir que, para la conformación del consejo que definiría los candidatos a magistrado de la SCJN, se involucrarían los tres Poderes de la Unión. Después, se elegirán cinco perfiles, los cuales deberán de ser los cinco mejor evaluados y éstos serán los que pasarán a un listado oficial que se presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual deberá de organizar el proceso de elección popular.
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Durante su participación en la Comisión Permanente, el diputado Robles Gómez sostuvo que el Poder Judicial está al servicio de la delincuencia organizada que no representa la voluntad popular de México y transgrede el respeto y equilibrio entre Poderes. Para sostener sus señalamientos, argumento con diferentes ejemplos que se han venido manifestando en los últimos meses.
“No vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la Constitución Humanista que México requiere [...] Vamos a obradorizar el Poder Judicial, porque tienen que vivir en la justa medianía”
Para asegurar que el Poder Judicial está vinculado con la delincuencia, recordó que Sonia Vargas, operadora de García Luna, obtuvo un nombramiento en la SCJN por Norma Piña, ministra presidenta de la Corte; respecto a la transgresión de la voluntad popular, se tocó el tema del rechazo a las iniciativas del presidente López Obrador.
En este último caso se recuerda que, de acuerdo con diferentes encuestas del Inegi, el Poder Judicial es el que menos confianza inspira en la ciudadanía. Finalmente, para asegurar que la Corte tampoco guarda el respeto entre Poderes, destacó los mensajes que envió Norma Piña a Alejandro Armenta, presidente del Senado de la República.
