Violación, trata de personas y violencia familiar son los tres delitos del fuero común que se han incrementado más durante el gobierno de AMLO en relación al sexenio anterior. Aunado a ello, pero en menor medida, lesiones dolosas, extorsión y narcomenudeo también se han intensificado en lo que va de la Cuarta Transformación (4T).
El martes 30 de mayo, el Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); el almirante José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina (Semar); y el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acudieron a comparecer ante la Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento de Fuerza Armada Permanente en Seguridad Pública.
Ahí, en compañía de Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), establecieron un diálogo a puerta cerrada con los legisladores federales que integran la comisión; sin embargo, por obligación legal presentaron un informe de actividades, donde describieron los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el gobierno federal, donde las Fuerzas Armadas (FFAA) tienen una gran relevancia.
De entre los datos que más se destacan está la legitimidad de las instituciones públicas dedicadas al combate de la delincuencia e impartición de justicia ante la sociedad y las incidencias de diferentes tipos de delitos, pues los números oficiales revelan buenas noticias en materia de secuestro, homicidio y robo, pero que reconoce el crecimiento de otros delitos.
Te recomendamos: Militares en las calles reduce la percepción de inseguridad: Sinaloa y Guanajuato los más vigilados
Las buenas noticias son que los delitos como secuestro, robo de ganado, robo de vehículo, robo en transporte público, robo a negocios, robo en casa habitación, robo a transportistas, robo a transeúnte, robo en transporte individual, homicidio doloso y feminicidio se encuentran a la baja; en contraste, lesiones, extorsión, narcomenudeo, violación, trata de personas y violencia familiar están creciendo.
Al respecto, vale la pena recordar que en la CDMX se registró un mayor número de denuncias por violencia familiar por la pandemia de COVID-19, a lo que las autoridades lo atribuyeron a la parálisis de la movilidad y el enclaustro que se promovió como medida sanitaria en las olas más intensas de contagio por SARS-CoV-2.
Otro dato relevante es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), organizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la gente confía más en la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional que en los jueces y Ministerios Públicos.
De acuerdo con el ejercicio consultivo, los elementos de la Semar tiene el 89.6% de confianza de la ciudadanía, los soldados el 87.1% y la GN el 80.9%; mientras que los jueces sólo llegaron al 58.3% y los Ministerios Públicos (MP) el 55.9% de percepción de confianza. Esto quiere decir que, de los datos precisados en la primera parte de esta nota, sólo hacen referencia a los casos denunciados y no a los verdaderamente ejercidos.
Es decir, para tener un número que se acerque más a la realidad nacional, el Poder Judicial debe de trabajar arduamente para que las personas confíen en el MP, que es donde se presentan las denuncias, pues la falta de confianza puede incidir negativamente en la voluntad ciudadana de querer denunciar. Sin embargo, en este contexto complejo de la seguridad nacional, la percepción colectiva de inseguridad se redujo un 11.6% entre la población.
