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¿Qué sí y qué no pueden hacer AMLO y los funcionarios durante la veda electoral?

A partir de este 1 de junio inició la veda electoral rumbo a la jornada electoral del domingo en el Estado de México y Coahuila

Ciudad Madero, Tamaulipas, México, 1º de junio de 2023. 
Andrés Manuel López Obrador, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en conferencia de prensa matutina desde Tamaulipas. Lo acompañan Américo Villarreal Anaya, gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; José Rafael Ojeda, secretario de Marina; Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores; Ricardo Trevilla Trejo, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y David Córdova Campos, comandante de la Guardia Nacional. 
Foto: Presidencia
Mañanera del 1 de junio. El presidente realizó la conferencia de prensa matutina desde Tampico, Tamaulipas. (Presidencia)

A unos días de que se realicen las jornadas electorales en Coahuila y el Estado de México, los funcionarios públicos -entre otras personas- están obligados a respetar la veda electoral, ya que podrían ser acusados de cometer delitos electorales.

En México, las conductas consideradas delitos electorales se castigan con sanciones como la destitución, la inhabilitación de 2 a 6 años para ejercer cargos públicos, multa de 200 a 400 días y prisión de dos a nueve años.

Entre las conductas que los funcionarios públicos no pueden hacer están: obligar al personal subordinado a asistir a eventos proselitistas, a votar -o abstenerse de votar- por alguna opción electoral; condicionar cualquier servicio o programa gubernamental con fines político-electorales, utilizar los recursos o instalaciones públicas con fines político-electorales y apoyar a alguna opción electoral durante el horario laboral.

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También es delito electoral para los funcionarios públicos solicitar a a las personas subordinadas aportaciones para apoyar alguna opción electoral y negarse a proporcionar la información solicitada por las autoridades electorales, informa la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL).

¿Qué si pueden hacer los funcionarios públicos?

Entre las acciones que sí pueden hacer los funcionarios públicos, con base en las leyes electorales, las disposiciones administrativas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está “orientar a la ciudadanía”.

Por ejemplo, la Secretaría del Bienestar explica en la circular No. AUGCT/500/311/2023 que sus funcionarios sí proporcionar atención a la ciudadanía sobre los programas sociales, en términos de información y trámites. Sin embargo, está prohibido realizar comentarios “a favor o en contra de los procesos electorales locales”, y que, en caso de que la atención sea vía telefónica, deberán mencionar la frase: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

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¿Dónde denunciar un delito electoral?

La FISEL tiene los siguientes medios de contacto:

2 preguntas con

Maribel Flores, directora de división de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en Campus Puebla, del Tec de Monterrey.

Háblenos un poco más sobre la importancia de la veda electoral

Como sabemos, estamos a unos días de celebrarse las elecciones. Las campañas electorales ya cerraron y, en ese sentido, es importante tomar en consideración están establecidas una serie de medidas o acciones que se tienen que implementar en coordinación también con los gobiernos.

Existe un momento en el proceso electoral donde, una vez finalizadas las campañas, hay medidas que se coordinan entre la autoridad electoral y por supuesto los gobiernos municipales, estatales o de materia federal, para garantizar una plena observancia de todos los principios que deben regirse, con el objetivo de evitar la posibilidad de que haya un desempeño fuera de la norma.

En cualquier otro momento, el gobierno debe comunicar a la ciudadanía todas las acciones y políticas públicas que implementa, pero debe tener una reserva precisamente es cuando se trata de elecciones ya sea locales o federales, porque se da a conocer información que puede poner en riesgo el proceso.

Lo que se busca es evitar la comisión de delitos en materia electoral, como incitar al voto por un candidato o partido. También es un delito electoral las amenazas, violencia, manipulación y el uso -por ejemplo- de las páginas oficiales de las dependencias con fines político-electorales.

Lo importante es que no se atente contra la libertad del sufragio y que tampoco se manipule o se distorsione la libertad plena de la ciudadanía de ejercer su voto de manera secreta y libre el día de la elección.

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Es muy importante ser observadores de todas las disposiciones en materia electoral. Para eso existen las fiscalías y tenemos tres órganos que son fundamentales en una elección:

En primer lugar, los órganos electorales como el INE o los institutos locales electorales. Son los encargados de organizar el proceso electoral y también deben capacitar al persona, como a los funcionarios de casilla, porque obviamente un delito electoral se puede cometer antes y durante el proceso electoral y debe haber capacitación en ese sentido.

En segundo lugar, debe haber también órganos para investigar y dar seguimiento a las denuncias, lo que puede ser a través de fiscalías especializadas en materia electoral o a través de las fiscalías de cada uno de los Estados. También a los actos que pudieran considerarse un delito electoral.

Por último, existe el árbitro electoral que son los tribunales electorales a nivel local y federal, que, en un momento dado, son los que se pueden encargar de dirimir cualquier tipo de controversia o conflicto post electoral.

P: Estamos en un contexto novedoso, en el que aspirantes presidenciales de 2024 -muchos de ellos, funcionarios públicos- ya se encuentran haciendo actos de promoción personal. ¿Cómo aplica la veda para ellos?

En el caso de Coahuila y del Estado México, dado que va a haber elecciones, la ley en materia electoral y la organización de estos comicios por supuesto prevé una serie de limitaciones en cuanto a difusión de -por ejemplo- obra pública, información gubernamental y programas sociales.

Un aspecto fundamental que debe recordarse es la seguridad y la violencia en varios estados de la República. No es una trivialidad y se debe considerar porque [el fin de semana] habrá un mayor flujo de personas. Por ejemplo, en el Estado de México pueden votar 12 millones de personas, y es importante que lo puedan hacer con seguridad, tranquilidad y paz. Por lo tanto, el gobierno debe concentrarse en asegurar que las elecciones se den en un margen de orden, de paz y de seguridad, de tal manera que la ciudadanía pueda desplazarse por el territorio para poder ejercer su voto.

Honestamente, la sucesión presidencial, realmente no se está dando en el 2023. Esto se dio desde el 2021. No hay que olvidar que, a medio término, el propio presidente presentó un libro y prácticamente empezó a hablar de la sucesión desde ese año. Entonces, esta sucesión es atípica hasta cierto punto. Estamos hablando de un proceso muy acelerado, muy anticipado en la definición de los perfiles de los aspirantes. Me parece que se han cometido una serie de conductas y actos que no corresponden a lo que tendría que ocurrir en un proceso electoral, pues hemos tenido ya una serie de acontecimientos, que ya marcan la agenda de la sucesión.

La expectativa para el fin de semana sería que la ciudadanía saliera a votar. Yo esperaría que no hubiera abstencionismo. Me parece fundamental que se promueva cada vez más la participación político-electoral, principalmente de los jóvenes, sobre todo entre los ciudadanos y las ciudadanas de 18 a 35 años de edad, que es el rango de edad que podríamos decir que menos vota.

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