Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el “nuevo decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que la información de las obras de infraestructura permanezca bajo llave.
El abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó este jueves 1 de junio que presentó ante la Corte dicho recurso con la intención de tener un gobierno más transparente: “he presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Controversia Constitucional en contra del nuevo decreto del presidente que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional, y con ello negar la información a que tienen derecho todas y todos los mexicanos”.
De acuerdo con su lógica, el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) busca busca “negar a todas y todos los mexicanos la información a la que tienen derecho, sobre la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum”, entre otras.
Calificó como un acto arbitrario que AMLO busque aplicar el criterio de clasificar como “de seguridad nacional e interés público” a todos los megaproyectos de su gobierno para que, de este modo, sean inescrutables al pueblo de México. “El presidente quiere que no sepamos si su actuación se está administrando con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
En ese sentido, señaló que el nuevo decretazo tendrá el mismo destino que el viejo decretazo, de hecho, por eso acudió ante la Corte para ratificar su postura contra la decisión tomada por el ejecutivo federal y que transgrede el derecho de la ciudadanía al acceso a la información.
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¿Qué paso con el viejo decretazo?
El pasado 18 de mayo, la SCJN tiró el acuerdo (era un acuerdo, pero se le conoció como “decretaszo”) promovido por la presidencia para clasificar a los megaproyectos de la 4T como “de seguridad nacional e interés público”, esto porque trastoca el derecho ciudadano al acceso a la información y vulnera las capacidades institucionales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Juan Luis González Alcántara, ministro de la Corte, presentó un proyecto y sentencia en el que se invalida el acuerdo presidencial de calificar las obras insignia del gobierno de López Obrador como “de interés público y seguridad nacional”. Tras su exposición, inició la deliberación de los ministros, quienes, por mayoría, lo calificaron como contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Con ocho votos en favor y tres en contra, se ratificó dicho proyecto, pues se reunió la votación mínima para invalidar el primer artículo del decretazo de López Obrador, mismo que especificaba la condición de interés público y seguridad nacional al proyecto del Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Refinería Olmeca en Dos Bocas y el Tren Interoceánico. En consecuencia, AMLO ya no promovió un acuerdo, sino un decreto.
