Recientemente, la difusión de una presunta ejecución extrajudicial por lo que serian elementos de las Fuerzas Armadas (FFAA) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, desató la discusión de la permanencia del Ejército en las tareas de seguridad pública y protección ciudadana.
Las imágenes son fuertes. En ellas se observa el final de una persecución entre lo que se presume integrantes de la delincuencia organizada y de la Sedena. El video de una cámara de vigilancia muestra como una camioneta tipo pickupu se estrella contra una barda a plena luz del día. Después, llegan los militares para hacer la detención correspondiente, pero no ocurre así.
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Los uniformados bajan a cinco civiles desarmados de la camioneta, los obligan a postrarse en el muro y abren fuego contra ellos. Después alteran la escena del lugar de los hechos para aparentar un intercambio de fuego; sin embargo, se destaca que de la camioneta sacaron armas de alto calibre.
Al calor de las imágenes, la óptica pública se centró sobre la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en tareas de seguridad, algo en lo que participan desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y ha cobrado relevancia en el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Cabe recordar que, desde la creación de la Guardia Nacional (GN) como la corporación que supliría a la Policía Federal (PF), el discurso en materia de seguridad se dividió.
Cuando se creó la GN, en febrero de 2019, se hizo bajo la consigna de que, en un principio, atendería a un mando militar, sólo en lo que se consolidaba su infraestructura y adiestramiento; no obstante, el gobierno de AMLO ha insistido (sin éxito) en que el mando militar permanezca en la Guardia.
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La narrativa de la Estrategia Nacional de Seguridad
La argumentación para que la Sedena siga a cargo del mando operativo y administrativo de la GN es su eficiencia en el combate contra la delincuencia y la confianza ciudadana que inspiran las FFAA en la ciudadanía (véase Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana), pues la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional gozan de mayor confianza que las policías locales.
Del otro lado del espectro, está la oposición, quienes sostienen que México está militarizado y lo toman como un escenario catastrofista y, a pesar de que los indicadores de seguridad señalan que los homicidios van a la baja (véase el informe del Gabinete de Seguridad), insisten con la narrativa de violencia.
Aunado a ello, para mejorar la Estrategia Nacional de Seguridad, agregan que el combate al crimen organizado no debe de darse desde las FFAA, sino desde un mando civil, esto en relación a la promoción de los derechos humanos, el Estado de derecho y el debido proceso, pues tras la entrada del Ejército en las calles, los indicadores de diferentes crímenes se dispararon.
Por ello insisten regresar a programas de fortalecimiento de las policías estatales y municipales como el FORTSEG; sin embargo, el gobierno federal no desiste de su estrategia y, como son mayoría en el Congreso, no se espera ningún golpe de timón en la Estrategia Nacional de Seguridad.
Violaciones de derechos humanos
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde que entró en funciones la Guardia Nacional bajo la dirección de la Sedena, en Marzo de 2019, hasta el 31 de mayo de 2023 (50 meses), se han promovido 663 recomendaciones de Derechos Humanos (DDHH) a diferentes instituciones a lo largo de toda la república y, de éstas, sólo 39 son para las FFAA, es decir, el 5.8% se relacionan con militares, la Marina ola GN.
Los registros de la CNDH especifican que de las 39 recomendaciones contra las Fuerzas Armadas, 20 son para la Marina, 13 para la Sedena y seis para la Guardia Nacional. Asimismo, se puede observar que la mayor parte de las recomendaciones son dirigidas al sector Salud. Al respecto, cabe recordar que las recomendaciones sólo se dan cuando se la Comisión comprueba la violación de DDHH.
Violaciones de derechos antes de la guardia nacional
Tras revisar los datos oficiales de la CNDH durante el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto (1 de marzo de 2016 a 1 de diciembre de 2018, es decir, 32 meses), se detectó que en un periodo de casi la mitad al observado del de AMLO (50 meses), se cometieron casi las misma cantidad de violaciones a los derechos humanos, pues se encontraron 32 recomendaciones a los encargados de la protección ciudadana.
Específicamente, reportaron 10 para la Sedena, 14 para la remar y ocho para la Policía Federal (PF). Cabe destacar que esto fue en un periodo de dos años ocho meses; mientras que con AMLO se analizó un periodo de cuatro años dos meses. Esto quiere decir que, con Peña Nieto las fuerzas de seguridad recibían una recomendación por mes, mientras que con AMLO era 0.78.
