A partir de este miércoles, la Secretaría de Marina se hará cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien mencionó que emitirá un decreto al respecto.
“La Marina ya está a cargo del control, de la vigilancia, del aeropuerto de la Ciudad de México. Ha hecho muy buen trabajo, yo creo que muchos ya lo están notando, no hay robo de maletas, como sucedía antes, y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas. Estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el aeropuerto lo controlaba el narcotráfico; increíble que ellos controlaban el aeropuerto”, explicó el presidente.
Asimismo, se anunció que la Marina también se hará cargo de otros aeropuertos como el de Ciudad del Carmen, Campeche; y los de Ciudad Obregón y Guaymas; en Sonora.
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Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estará a cargo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y de aeropuertos como el de Tulum, Campeche, Puebla, Nuevo Laredo y Chetumal.
El presidente también puntualizó que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) seguirá como entidad normativa, pero el control de los aeropuertos públicos estará a cargo de la SEMAR y la Sedena.
“Mexicana de aviación”, la aerolínea comercial de las Fuerzas Armadas, volará en diciembre: AMLO
Por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que todo indica que los abogados que están llevando el caso de Mexicana de Aviación no quieren que haya un acuerdo.
El mandatario dijo que el Gobierno Federal no puede seguir esperando a que se desistan los trabajadores de los amparos, pues en diciembre de este año va a comenzar a volar la nueva aerolínea.
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Por lo tanto, no se descarta la posibilidad de que haya un acuerdo, a lo que el titular del Ejecutivo Federal volvió a lanzar un llamado a los abogados y a los trabajadores para que no se dejen engañar, acepten el acuerdo y no perjudiquen a sus compañeros.
3 preguntas con
Javier Contreras Arreaga. Director de la carrera de derecho del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara
P: ¿Cuáles son los pros y contras de que las Fuerzas Armadas tengan una aerolínea comercial?
Esa pregunta tiene que responderse desde un análisis sistémico de lo que está sucediendo con la política pública en la administración pública federal. La respuesta que estamos buscando es: ¿Tienen las Fuerzas Armadas la capacidad técnica para poder operar una aerolínea comercial?
Esa pregunta creo que más bien tendrá que responderse a virtud de qué tipo de esquemas de contratación se van a realizar, qué servicios especializados se van a contratar para diseñar el esquema de negocio y la forma de operarse.
De manera técnica, probablemente puede ser funcional y existen distintos países en el mundo que tienen líneas estatales, pero creo que -transversalmente a este análisis- realmente es algo que tiene que ver con la militarización, ya no de la seguridad pública, sino la militarización de la vida pública, que ha sucedido en esta administración.
El gobierno federal ha estado fortaleciendo las contribuciones de las autoridades militares (de la Guardia Nacional, de la Sedena, etcétera) a acciones que realmente estaban primariamente otorgadas a autoridades civiles.
Aquí la pregunta es: ¿Cuál es la finalidad de fortalecer al Ejército con este tipo de acciones? Aparte de que son muy estratégicas: el Control de Aduanas, el tema migratorio, construcción de espacios que tienen que ver con telecomunicaciones, medios de transporte, todo esto viene ligado a línea aérea.
También en un segundo punto: ¿Cómo se comportan los recursos públicos cuando están en manos del ejército? Creo que esta línea no la hemos abordado tanto en las discusiones públicas. Ahora hay un discurso oficial que está poniendo en escrutinio público los sueldos que ganan los ministros de la Corte. Y lo celebro, ¡Qué bueno que hablemos acerca de los excesos, de prestaciones y beneficios de Ministros! Pero, al mismo tiempo, hay un silencio porque la institución que tiene más funcionarios que ganan mucho más que el presidente es la Secretaría de la Defensa Nacional y esos puestos nunca se cuestionan, ¿no?
De acuerdo a las filtraciones masivas por parte de Guacamaya Leaks, que se han difundido, las autoridades militares son las instituciones que tienen un tema mucho más grave sobre licitaciones, adjudicaciones directas, procesos poco claros y opacos.
Creo que sí hay también una preocupación legítima de qué tan eficientes han demostrado ser las Fuerzas Armadas tanto para operar, pero también para rendir cuentas, para demostrar que esos recursos se van a aprovechar en beneficio de programas sociales y de bienes que sirvan más allá de los financiamientos de las actividades del propio ejército.
Lamentablemente este tema tiene todas estas divisiones de análisis y la discusión. El modo como se aprueban estas iniciativas, es tan exprés y van en una arrolladora que no permite estos diálogos. Nada más van reformando las leyes y generando estos cambios sin oportunidades de diálogos más profundos.
P: ¿Cuáles son los riesgos de que las Fuerzas Armadas controlen temas y asuntos que eran civiles?
Lo que sucede es que, definitivamente, se están desmantelando principios y reglas de buen gobierno que se crearon en administraciones anteriores, que buscaban tratar de dar cauce y que los recursos no se podían utilizar en ciertas maneras, o que pudieran haber espacios de mucha sospecha.
Había ciertos controles, ciertos candados, que la verdad es que esta administración los ha ido quitando. El discurso que utiliza la Administración Pública Federal es que el origen de estos contrapesos, de estas medidas, eran solo una simulación porque seguía habiendo corrupción. Y es un discurso que a la ciudadanía le convence, porque evidentemente había mucha corrupción. Eso le ha permitido desmontarlo.
Otro gran argumento, es que así van a poder ser más eficientes. Es más, sorprende escuchar a tantos activistas y tantas personas de la opinión pública que todavía se atreven a decir “Bueno, tal vez el presidente no es corrupto” y “el presidente no va a hacer un mal uso”. Pero, quien venga después de él, sí va a necesitar esos candados.
Por la naturaleza de ese tipo de cargos, cualquier persona que esté ahí necesita -por salud del cargo- tener todos estos los contrapesos y todos sus candados.
La percepción pública de que es un presidente no corrupto -a pesar de todo lo que ha sucedido, que nos demuestra que esto tendría que ponerse seriamente en duda- , pues la verdad me preocupa porque estamos pensando más bien en el futuro, cuando en la realidad, la verdad es que no sabemos a dónde se está yendo dinero y cómo se está usando el dinero.
Y también esto se cruza con el tema de la forma en la que el Gobierno quiere obtener recursos y para qué los quiere tener.
Son varias líneas de análisis. Obviamente esto sumaría otra página más a lo que se pretende con lo del Tren Maya, el fin de estos recursos.
Se trata de una serie de estrategias que tienen una pauta muy marcada para que el gobierno federal centralice y monopolice las decisiones de cómo quiere utilizar el dinero con mucha libertad. Lo que me parece más delicado es que ni siquiera es “el gobierno federal” desde la figura del presidente, sino a través de la figura del Ejército.
Yo cuestionaría qué tan seguro se siente el presidente de que, teniendo el Ejército todo este poder, realmente siga siendo puesto a disposición del propio presidente. No sabemos si el día de mañana el ejército ya no quiera hacer caso a las indicaciones y estrategias de un Poder Ejecutivo. En eso, la historia también nos ha dado casos.
P: ¿Existe corrupción en el Ejército?
En el ideario mexicano hay dos ideas sobre el Ejército: la disciplina y el servicio. Son los dos valores directos que le atribuimos al Ejército, por lo que es difícil creer que serán corruptos. También creemos que serán más eficientes, porque tienen disciplina y prestan servicio a su país.
Pero, esto es muy importante decirlo. Los candados no se ponen para los malos políticos o funcionarios, los candados son lo que nos garantiza gobiernos sanos, funcionarios públicos acotados que pueden trabajar con la tranquilidad de que simplemente no se les va a permitir hacer un mal uso de sus funciones.
Es lo más sano que puede tener un país. Una democracia requiere de instituciones limitadas, fiscalizadas, que tienen que pasar por procesos para demostrarlo.
Claro que es un reto, porque hace las cosas un poco más complicadas de realizarse, en muchos supuestos y este es el problema de la burocracia, pero creo que, en un análisis de costo-beneficio, deberíamos de haber ya aprendido (después de tantos años de lucha contra la corrupción) que son reglas de convivencia que nos permiten ir construyendo proyectos más allá del sexenio porque los intereses personales tienen que ceder ante algo que se debería de llamar un proyecto de Estado.
