El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pudo cometer un delito federal al divulgar indebidamente parte de las ganancias de las empresas “High Tech Services” (HTS) y “Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes” (OMEI), firmas relacionadas con Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia de México por el PAN.
Al respecto, la senadora adelantó que procederá legalmente contra el mandatario y explicó que la exposición de los montos de los contratos que celebraron sus empresas —tanto con la iniciativa privada como con dependencias de gobierno— no evidencia la incursión en algún delito.
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Todo inició la tarde del viernes 14 de julio, cuando el presidente López Obrador publicó en sus redes sociales un vínculo que lleva a un archivo en formato PDF. que señala los montos de los contratos celebrados por las empresas de Xóchitl Gálvez.
Algunos de ellos fueron con instituciones públicas y otros con privadas. El recuento señala contratos desde 2015 a 2022 y especifica el nombre de la institución y el monto. Asimismo, proporciona el giro de las empresas, la dirección fiscal y el nombre de los socios y representantes legales.
Sin embargo, no se especifica si los contratos fueron por un proceso de asignación directa o licitación, tampoco señala la cantidad de impuestos que se pagaron; es decir, el documento publicado por AMLO no proporciona elementos para suponer alguna violación al Estado de derecho.
En contraste, Xóchitl Gálvez sí acusa al presidente de violentar “una serie de leyes”. Bajo esa óptica, la opinión popular comenzó y algunos miembros de la oposición comenzaron a señalar la violación al llamado “secreto fiscal”.
¿Qué es el “secreto fiscal”?
El Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF) especifica que “el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes”.
Esto quiere decir que a lo que se le conoce como “secreto” en realidad se comprende legalmente como la “absoluta reserva” de dicha información. Al respecto, se trata del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes pueden acceder a la información revelada por AMLO, pero nadie se ha posicionado.
De acuerdo con Eréndira Ramírez, editora general de IDC, “no se encuentra la definición de secreto fiscal como un derecho, sino como una obligación a cargo de los funcionarios hacendarios consistente en que al aplicar las disposiciones fiscales no deben revelar ninguna información tributaria de los contribuyentes”.
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Además, la fracción VII del Artículo 2o de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC) señala la existencia del derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales sólo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Cabe destacar que, aunque las personas pueden ejercer su derecho al acceso a la información, las consideraciones que se tienen a datos personales protegen la información de los ingresos de las personas físicas y morales. Por ello, la información tributaria de los contribuyentes debe permanecer bajo llave.
Desencuentros AMLO Xóchitl
Este desencuentro no es el primero entre López Obrador y Xóchitl Gálvez. Cabe destacar que, con la circulación de algunos trabajos de Latinus (los casos Pío López Obrador y la Casa Gris), el libro El Rey del Cash y la promoción de las reformas estructurales (eléctrica y electoral), el presidente y la senadora se han descalificado mutuamente.
Dichas declaraciones se han acrecentado con la cercanía de las elecciones presidenciales de 2024, pues tanto la senadora como el presidente han condenado sus diferencias. Por ejemplo, Gálvez Ruiz generó polémica recientemente cuando no pudo entrar a Palacio Nacional después de que el Tribunal Electoral promoviera el derecho de réplica que tiene tras críticas de AMLO.
