El rezago existente en la circulación de medicinas en México perjudica el acceso al derecho humano a la salud; al respecto, tanto la Cofepris como el IMPI y el sector privado son los responsables de sanar este flagelo, pero todos evaden e intentan culparse mutuamente.
Aunque los motivos sean diversos, Alejandro Svarch, director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sostiene que la inercia global de empedrar al sector privado ha tenido como consecuencia un sistema corruptor que promueve los monopolios.
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Por su cuenta, el sector privado señala diversas trabas. Por ejemplo, para poder comercializar su producto, además de contar con el registro sanitario de la Cofepris, debe pasar un filtro más: generar la patente, la que se obtiene a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
En promedio, la otorgación de patentes tarda entre dos y tres años, y éstas tienen una vigencia de 20 años; no obstante, las empresas recurren a diferentes estrategias para poder garantizar su derecho a la patente, ello por los mecanismos institucionales.
De acuerdo con el despacho de abogados Sánchez Devanny, especializado en materia sanitaria, los medicamentos son un producto que debe ser protegido por la ley, por ello destacó la existencia de un mecanismo para agilizar la obtención de la patente.
“La invención de un producto, dirigido a prevenir, tratar o reestablecer la salud de una persona, es susceptible a una protección mediante una patente [...] El objetivo de las patentes es otorgar un periodo exclusivo de explotación de una invención para que sus desarrolladores puedan recuperar su inversión”
Es en este contexto donde el consultor Óscar Salinas destacó que, una empresa, si ya cuenta con una solicitud equivalente en algún otro país con un resultado favorable en su examen de patentabilidad, se puede solicitar al IMPI usar dichos resultados mediante una enmienda voluntaria o un procedimiento acelerado de tramitación, conocido como Patent Prosecution Highway (PPH).
Se destaca que este proceso no pone en riesgo la salud de los consumidores, pues para que proceda se requiere de la autorización pertinente de la Cofepris, la cual aplica las pruebas técnicas pertinentes y revisa que el solicitante cuente con licencia sanitaria, que el fabricante cuente con certificado de buenas prácticas de fabricación, y que los solicitantes de registro de un medicamento muestren que son titulares de la patente del principio activo del medicamento que se va a registrar.
Todo ello forma parte de un requisito establecido en el Artículo 167 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud y el Artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como en el Artículo 163 de la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial.
Entre los casos más conocidos, recordó Óscar José Salinas, socio del despacho Sánchez Devanny, están las patentes de Sorafenib y Rivaroxaban (Bayer), que debido a que la concesión de sus respectivas patentes se demoró por más de tres años, el Laboratorio demandó al IMPI y obtuvo, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), periodos de compensación, ello en conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que era el tratado que se encontraba vigente al momento.
Por ello recomendó que “lo que México necesita es promover la cultura de la innovación entre su industria y universidades, por medio de políticas públicas que incentiven la investigación y desarrollo de soluciones a los problemas y necesidades a los que nos enfrentamos en México y en el mundo”.
Otro factor que contribuye al rezago en la circulación de medicamentos para la gente son los presuntos vínculos corruptos entre la Cofepris con algunos laboratorios, los cuales favorecieron prácticas monopólicas.
Alejandro Svarch relató en una entrevista para Canal 22 que en sus primeros días al frente de la Cofepris, en 2021, fue al sótano del edificio de la Comisión y encontró indicios de una presunta red de corrupción en la institución, donde se aceleraban o se detenían los trámites de patentes de medicamentos genéricos según los intereses de unos pocos.
El ejemplo que puso fue el del metrotexato (MTX), un medicamento utilizado para el combate de diferentes enfermedades como el cáncer. El funcionario dijo que encontró la documentación que probaba una posible intención de detener el registro sanitario del genérico de este medicamento, dejando a un solo proveedor de MTX en México. “Eso solamente implica corrupción”, declaró en marzo.
Para dejar claro que la industria farmacéutica es de alta rentabilidad, el funcionario agregó que el tratamiento para la hepatitis C, por ejemplo, cuenta con un margen de utilidad en la industria de 284 veces más si se toma en cuenta el precio de producción, por lo que acabar con las malas prácticas ayudaría a tener más medicamentos en circulación.
Cabe recordar que en febrero de este año, la Cofepris destituyó a 11 funcionarios supuestamente relacionados con malas prácticas al interior de la Comisión; sin embargo, aún no hay una fecha estimada para subsanar el rezago en la circulación de medicamentos.
