El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) violentó los fundamentos legales establecidos en el Código Fiscal al ventilar información confidencial de la empresa de Xóchitl Gálvez; sin embargo, especialistas descartan que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) proceda en su contra.
Joel Hernández Reyes, director del Despacho Hernández Reyes y Asociados, confirmó que la divulgación de dicha información viola fundamentos legales establecidos en el Código Fiscal.
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Según el artículo 69 del Código Fiscal, las autoridades tributarias tienen la obligación de mantener en reserva absoluta toda la información proporcionada por los contribuyentes, así como la obtenida a través de sus facultades de comprobación, única y exclusivamente para efectos de verificación. Sin embargo, el presidente compartió información confidencial sin justificación.
Cuando se le preguntó si el presidente podría enfrentar alguna sanción o amonestación, Hernández Reyes lo descartó, ya que solo podría hacerlo a solicitud del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hernández Reyes explicó que solo una autoridad competente, como el SAT —a través del Poder Judicial de la Federación— puede solicitar información confidencial relacionada con un procedimiento.
Mencionó además la fracción VII del artículo segundo de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, la cual indica que estos datos deben mantenerse en reserva, a menos que sea necesario revelarlos durante un procedimiento de comprobación; es decir, en circunstancias muy específicas.
Hernández Reyes sentenció que, de acuerdo con la ley, el presidente sí estaría infringiendo las disposiciones legales establecidas.
El director del Despacho Hernández Reyes y Asociados advirtió que el presidente está utilizando información confidencial que no le sería proporcionada a cualquier solicitante.
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Esto implicaría una violación al artículo 69 del Código Fiscal, entre otros. Además, indicó que la Ley Federal de Derechos del Contribuyente establece penalidades por la violación de la confidencialidad.
Cuando se le consultó sobre las posibles acciones legales, Hernández Reyes explicó que Xóchitl Gálvez, por ejemplo, podría proceder legalmente contra el presidente, ya que se estaría violando el mencionado artículo 69.
El tribunal competente para tratar este caso podría ser uno administrativo, ya que el acto de molestia está siendo realizado por una autoridad, en este caso, el Ejecutivo federal.
Época del desafuero
Hernández Reyes recordó los antecedentes del presidente, indicando que en su etapa como jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) incumplió una resolución judicial.
A pesar de ello, no se le sometió a un juicio de procedencia. Además, enfatizó que, en la actualidad, Morena cuenta con la mayoría en la Cámara, lo que dificultaría la imposición de sanciones o procedimientos legales.
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Así, la revelación de información confidencial por parte del presidente desató un debate legal en torno a la violación de la confidencialidad fiscal y los fundamentos legales que protegen la privacidad de los contribuyentes.
Aunque se señala que existen bases legales claras para salvaguardar dicha confidencialidad, las consecuencias legales y sanciones para el presidente son inciertas debido a la actual composición de la Cámara.
