La ONU-DH y Amnistía Internacional se solidarizaron con el GIEI después de su último Informe sobre el Caso Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y lamentaron la intervención de las FF. AA. Durante su trabajo.
Específicamente, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aplaudió este jueves 27 de julio que gracias al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se pudiera derrumbar la llamada “verdad histórica”, pero lamentó que ni así se resolviera el caso.
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También reconoció la voluntad política expresada por el Poder Ejecutivo de México para resolver caso; sin embargo, lamentó que “las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la información solicitada por el GIEI para profundizar sus investigaciones y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes”.
“La ONU-DH alienta a las autoridades para implementar todas las recomendaciones del GIEI, las de este informe y las que siguen vigentes de informes anteriores, para lograr avances en justicia, verdad y derechos de las víctimas”, expresó en un comunicado oficial esperando que se atraiga la justicia a los 43 de Ayotzinapa.
Bajo una óptica similar, Amnistía Internacional sostuvo que “la opacidad y manipulación de información sobre la implicación del Ejército y la Marina hacen inviable la colaboración con el Estado mexicano para el esclarecimiento del caso”, por ello reconocieron y respaldaron los hallazgos del GIEI en relación a la desaparición de normalistas en Iguala.
“Este sexto (el VI y último informe sobre el Caso Iguala) y último informe muestra la innegable implicación del Ejército y la Marina tanto en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, como en los hechos posteriores realizados para ocultar la verdad de lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos”, especificó.
¿Qué encontró el GIEI?
De entre los principales hallazgos del GIEI en sus seis informes se destaca que las autoridades estatales y federales, tenían conocimiento de la colusión entre las autoridades municipales con el crimen organizado; todas las autoridades involucradas que estaban desplegadas en la región también sabían de las actividades de los normalistas.
Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tenían conocimiento de los atentados en tiempo real y decidieron no actuar; el Ejército tenía infiltrados en la Escuela Normal, de hecho, uno es de los desaparecidos.
Hubo alteraciones por parte de las autoridades en lugares que se presentaron como supuestas escenas de la desaparición; fueron siete ataques coordinados entre el grupo criminal Guerreros Unidos con las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco entre las 21:30 horas del 26 de septiembre hasta la 01:30 horas del día siguiente.
Asimismo, el GIEI informó que muchos testigos y participantes en los hechos, supuestamente miembros del cártel, fueron asesinados, algunos de ellos intencionalmente para impedir la investigación. De los 43 desaparecidos, tres ya fueron identificados: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivany Guerrero de la Cruz.
¿Qué hará el gobierno?
Finalmente, el gobierno federal asumió la completa responsabilidad de continuar con las investigaciones en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.
De hecho, el subsecretario fue quien refirió que se analizarán las 30 recomendaciones vertidas en el VI Informe: ocho sobre la investigación exhaustiva, completa y seria; cinco respecto a la unificación de las averiguaciones; cinco sobre necesidad de información de departamentos, autoridades, unidades de sistemas de información o inteligencia; tres respecto a búsquedas; tres respecto de la justicia, y seis sobre la participación de las víctimas en la reparación y la no repetición.
Respecto al proceso de judicialización informó que existen 112 personas privadas de la libertad, recluidas en diversos penales, entre ellos: 18 integrantes de Guerreros Unidos. Además, 77 personas involucradas liberadas por tortura y exoneradas por jueces de las 169 consignadas.
