Uriel Carmona, quien hasta hace poco se desempeñaba como titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), es investigado en la Ciudad de México por presuntamente encubrir al feminicida de Ariadna Fernanda, quien fue asesinada en la capital nacional y su cuerpo fue abandonado en Morelos.
El feminicidio de Ariadna acaparó la atención nacional cuando su familia insistió, en 2022, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) atrajera el caso, pues la FGE sostuvo que la joven falleció por broncoaspiración por intoxicación etílica.
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En consecuencia, Ernestina Godoy, titular de la FGJ instruyó realizar una segunda necropsia, la cual tuvo como resultado que la mujer perdió la vida a causa de trauma múltiple. De ahí en adelante, se abrió una investigación contra el fiscal por obstrucción de la justicia en detrimento del caso de Ariadna, lo cual tuvo como resultado su detención.
Sin embargo, aunque este es el caso más avanzado en su contra, no es el único señalamiento que tiene por realizar mal su trabajo, pues desde hace años se le acusa de fabricar pruebas, desatender casos urgentes para la impartición de justicia en la entidad.
Samir Flores
Samir Flores Soberanes fue un campesino, comunicador y activista morelense de origen náhuatl. Se destaca que formó parte de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, del Congreso Nacional Indígena y fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko.
Aproximadamente a las 05:30 horas del 20 de febrero de 2019, tres sujetos armados asesinaron a Samir enfrente de su domicilio. El día anterior, Samir confrontó, aun una asamblea informativa, al representante del gobierno por el Proyecto Integral Morelos y a la planta termoeléctrica de Ciclo Combinado de Huexca.
Al respecto, la fiscalía de Uriel Carmona detuvo a Javier “N” por ser uno de los presuntos responsables en la ejecución; no obstante, Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, acusó a la FGE de fabricar pruebas.
En 2023, deudos de Samir exigieron la renuncia de Carmona, pues su caso no ha avanzado para atraerle justicia a su memoria y legado. Además, señalaron que el 99.6% de los casos por homicidio doloso en Morelos tienen el mismo destino.
Como si esto no fuera suficiente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió la Recomendación 1003/2022 contra Uriel Carmona, esto por las violaciones sistémicas a los derechos humanos en agravio a Samir Flores y su familia, ello por negarles el acceso a la justicia.
Fosas Clandestinas de Tetelcingo y Jojutla
Desde 2014 se detectó que la FGE abandonó cuerpos sin reclamar en un predio de Tetelcingo, de donde se han exhumado más de 110 cadáveres. Asimismo, en Jojutla se encontró una fosa clandestina con 200 cuerpos; sin embargo, deudos del estado manifestaron que se trata de un intento por desaparecer los cuerpos y no atraer justicia a las familias.
Dichas acusaciones se incrementaron cuando Carmona inició un proceso de ocultamiento. Ello porque familiares de desaparecidos identificados en las fosas aseguraron que la FGE desapareció evidencia que podría vincular a funcionarios locales con actos de irregularidad en el debido proceso de identificación.
Una de las deudas sostuvo que de, manera interna, la Fiscalía desapareció archivos esenciales para las investigaciones que afectarían a funcionarios de “hasta arriba, bien arriba”.
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Los Rojos
El ex fiscal también ha sido señalado de estar presuntamente involucrado con el grupo criminal conocido como Los Rojos. En 2019, fue detenido Santiago Mazarí Hernández “El Carrete”, líder del cártel, por fuerzas federales (la Marina) y un reporte de inteligencia es el que presuntamente vincula al ex funcionario con el grupo.
Cuauhtémoc Blanco
Finalmente, se destaca que Carmona Gándara comenzó una lucha contra la administración local, pues trascendió que en junio de este año, un grupo de abogados cercanos al fiscal promovieron un juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y la destitución de José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de seguridad.
Ello porque los versados en derecho acudieron al Congreso de Morelos aseguraron que el gobernador y el comisionado omiten tareas de seguridad; sin embargo, no acusaron a ningún mando alto de la FGE, por lo que exigieron al legislativo local que actuaran en consecuencia para poder proceder contra las personas servidoras públicas.
