El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informa que menos del 10% de las instituciones federales cumplen con lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esto tras auditar 635 dependencias federales y detectar que sólo 60 cumplen al 100 por ciento.
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A detalle, el INAI emitió las siguientes calificaciones: Poder Judicial de la Federación, 100.00%; Organismos Autónomos, 72.20%; Organismo Integrado por Representantes del Gobierno Federal, de los Trabajadores y de los Patrones, 69.29%; Poder Legislativo Federal, 68.57%; Empresas Productivas Subsidiarias de Petróleos Mexicanos, 43.45%; Instituciones de Educación Superior Autónomas, 43.13%; Partidos Políticos, 42.04%; Tribunales Administrativos, 35.95%; Empresas Productivas del Estado, 29.46%; Fondos y Fideicomisos, 28.25%; y Poder Ejecutivo Federal, 27.34 por ciento.
Aunque el Poder Ejecutivo Federal fue el peor calificado, cabe destacar que el INAI calificó con el 100% de cumplimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Rogelio Ramírez de la O. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Leticia Ramírez Amaya, tuvo una evaluación del 90%; sin embargo, muchos fondos sectoriales su calificación fue cero.
Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidente del INAI, señaló la importancia de garantizar la protección de los datos personales de los usuarios: “Este Aviso de Privacidad permite a las personas ejercer plenamente su autodeterminación informativa, es decir, tomar decisiones de manera libre e informada sobre sus datos personales”.
Otra victoria para el INAI
Aún en la coyuntura donde el INAI tiene a su Pleno inoperante por falta de comisionados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a su favor en una controversia, pues confirmó la instrucción de Transparencia para que se entreguen las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 23 ingenieros militares residentes de obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La SCJN determinó que los elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, como personas servidoras públicas, están obligados a presentar y hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Asimismo, agregó que la exposición de estos datos, contrario a lo que argumentó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, no ponen en riesgo la seguridad nacional.
Esto porque la Consejería había dicho que los ingenieros podrían ejercer un mando operativo; sin embargo, la Corte dijo que ese supuesto está basado en hipótesis, es decir, futuros inciertos, por lo que la Ley General de Transparencia debe de ser ejercida a cabalidad.
