La Consejería Judicial del Ejecutivo Federal (CJEF) defendió la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación (LGHCTI) de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los legisladores de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al respecto, sostuvieron que existe una cúpula afectada con ese ordenamiento legal y por ello tratan de tirarlo.
De acuerdo con la Consejería, la LGHCTI cumple con garantizar el derecho humano a la ciencia y su orientación para la resolución de los problemas nacionales, tal como se estableció en la reforma constitucional de 2019.
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Esta Ley lo que hace, a grandes rasgos, es que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se convierta en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), con lo cual se le cambia el enfoque de investigación, pasando de ser un centro de desarrollo concisión empresarial a uno social, con la mira puesta en las particularidades de México.
Al respecto, lo oposición sostiene que esa es una afirmación incompleta, pues lo que se hace es eliminar al Conacyt; además, la LGHCTI fue aprobada en fast track por el Congreso de la Unión, motivo por el cual procedieron con recursos revisores del proceso legislativo y de fondo para revocar la Ley.
“Primero, lamentar el albazo legislativo que se hizo en el mal proceso y la oportunidad perdida de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y no vamos a entrar en tanto detalle, pero pronto habrá tres aspectos legales muy importantes; uno, una enorme cantidad de amparos; segundo, acciones de inconstitucionalidad, y tercero, controversias constitucionales”, declaró el panista Juan Carlos Romero Hicks durante la sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados el pasado 1 de junio.
En consecuencia, la Consejería del presidente Andrés Manuel López obrador (AMLO) sostuvo que con estos recursos, lo que busca el Partido Acción Nacional (PAN) y sus aliados es invalidar la iniciativa que busca recuperar la confianza en la capacidad de los mexicanos y mexicanas para formar científicos de calidad mundial.
“Con la nueva ley del Conahcyt se salvaguardan las libertades de investigación, de cátedra y de expresión, necesarias para el desarrollo democrático de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación”
Conforme a lo referido por el gobierno actual, la LGHCTI vincula la producción científica con la solución de las necesidades sociales, como la pobreza extrema, la salud o la inseguridad en México. Para conseguir este propósito, el Conahcyt promueve Programas Nacionales Estratégicos orientados a diagnosticar, prospectar y proponer acciones y medidas para la prevención, atención y solución de las problemáticas nacionales.
Además, acusó un presunto conflicto de interés entre la clase política y algunos empresarios instalados en México como Monsanto o Coca Cola, pues, con esta iniciativa, se resignan miles de millones de pesos a investigaciones de interés popular y no de interés corporativo que se designaba en supuestos esquemas opacos.
“A través de los 91 fideicomisos constituidos se entregaron, a fondo perdido y sin justificación, alrededor de 42 mil millones de pesos a la iniciativa privada”, señaló la CJEF en un comunicado. Además comparó la administración del Conacyt cuando estaba a cargo de Romero Hicks (2006-2011) y señaló un presunto conflicto de interés con un grupo empresarial ligado a Claudio X. González, creador de Sí por México.
“Cuando el ahora diputado federal Juan Carlos Romero Hicks encabezó Conacyt de 2006 a 2011, mediante el programa Innovatec, entregó recursos públicos por un total de 36 millones de pesos a la empresa Kimberly Clark de México, SAB de CV”
Además, condenaron la articulación política del PAN para evitar que la nueva Ley de Humanidades continúe, pues esto afectaría la entrega de becas estudiantiles que, si se compara 2023 con 2017, existe un 38% más de inversión federal en este rubro para programas de posgrado.
“Resulta cuestionable que el diputado Santiago Creel Miranda, el último día de su gestión en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, haya solicitado a la SCJN dar atención prioritaria a las acciones de inconstitucionalidad 126/2023 y 128/2023, con la finalidad de revertir una reforma que permite que todos los estudiantes de posgrado en escuelas públicas cuenten con un tipo de beca”, cerró la Consejería en su comunicado.
