El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el reporte de los Servicios Periciales y Servicio Médico Forense 2023, donde destacó que, de los 53 mil 347 cadáveres y/ o restos humanos en anfiteatros, laboratorios y centros de resguardo forense, sólo se identificó el 10.9% de éstos.
Índices de esta naturaleza no solo afectan a la impartición de justicia sobre el presunto crimen que se persigue, sino que inhibe la reparación del daño infringida a los deudos, pues el 87.6% de los cuerpos hallados ni siquiera pueden ser identificado.
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Estos resultados son el producto del descuido de dos aspectos en la disciplina forense en México. De acuerdo con Javier Oliva Posada, investigador de la UNAM en materia de seguridad, para acercar la justicia a la ciudadanía desde esta ciencia se deben priorizar los insumos humanos y tecnológicos.
En entrevista para Publimetro, el doctor Oliva explicó que, aún cuando hace falta personal forense en la república, la falta de tecnología e instalaciones decentes para esta práctica es lo que más afecta el reconocimiento de cuerpos y la impartición de justicia.
De entre las cosas que más adolece el sistema forense es la falta de un banco genético confiable; además, las condiciones que proporcionan los anfiteatros o recintos donde se resguardan los cuerpos no tienen las mejores medidas de conservación.
Otro problema es la cantidad de recursos dirigidos a este tipo de servicios y la concentración de los mismos. Conforme a lo que reportó el Inegi, en 2022, las instituciones de los servicios periciales y/ o médico forense ejercieron un total de 4 mil 359.9 millones de pesos, donde la Fiscalía General de la República (FGR) concentró el 30.2% de este dinero, mientras que el 69.8% restante se repartió entre las otras 32 entidades federativas.
Dicha distribución también pareciera corresponder a la cantidad de laboratorios con los que cuenta la FGR y las Fiscalías estatales. Entre unidades fijas y móviles, en México hay un total de mil 4 laboratorios, donde la Fiscalía de la República se queda con 517 y las otras 487 se reparten en 32 entidades.
Sin embargo, la proporción no es equitativa. Por ejemplo, mientras Tabasco cuenta con 75 laboratorios forenses, Puebla y Zacatecas sólo tienen dos cada uno. Es este tipo de condiciones las que afectan las investigaciones de crímenes y la identificación de personas desaparecidas, por lo que los deudos padecen una nueva forma de violencia.
“No se podrá aplicar la ley a los responsables y tampoco habrá justicia reparatoria”, declaró el doctor en Ciencia Política durante la entrevista, pues el ejercicio del gasto en servicios forense debería de dispersarse de manera equitativa a nivel federal y local.
Al respecto, se destaca el papel que tienen las madres buscadoras en cuanto a la localización de fosas clandestinas y cuerpos, pues, a partir de indicios que las autoridades no suelen atender, las distintas colectivas han realizado grandes aportes; sin embargo, su labor se limita al hallazgo del primer cuerpo, de ahí en adelante lo debe atender personal forense.
No obstante, a pesar de que se coadyuva con la falta de personal, la falta de tecnología y las condiciones precarias siguen presente, por lo que los trabajos de reconocimiento se dificultan. Entonces s hay un doble incumplimiento del Estado de derecho, pues no sólo el responsable queda en la impunidad, condenó Oliva Posada, sino que tampoco se le puede dar la atención reparatoria adecuada a los familiares.
Finalmente, el académico recordó que en México persiste el 95% de delitos sin castigo, por ello la importancia de la ciencia forense, pues es la encargada de, además de reconocer el cuerpo, aportar elementos científicos para dar con los criminales.
