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México recupera 44 mdp por venta de propiedades de García Luna en Miami

México reclama a Estados Unidos la devolución de 600 millones de dólares por contratos ilegales

El gobierno mexicano consiguió recuperar alrededor de 44 millones de pesos por diversas propiedades que adquirió Genaro García Luna en Estados Unidos, esto una vez que el juez que llevó la demanda presentada por las autoridades mexicanas emitiera la sentencia.

La demanda fue presentada en contra del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, así acomode su esposa Linda Cristina Pereyra, para recuperar los recursos que se consiguieron por medio de diversos contratos ilegales que suscribieron dependencias de seguridad con empresas del exfuncionario y sus allegados.

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“La juez Lisa Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator reclamados por el gobierno de México, al acreditarse por la parte mexicana que los demandados incurrieron en default (falta) al omitir concurrir al juicio”, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El plazo máximo para la entrega de los recursos es de 10 días, los activos de la empresa corresponden a un millón 968 mil 250 dólares por tres inmuebles que ya fueron liquidados.

También por un departamento en Miami, Florida, con un precio aproximado de 555 mil 800 dólares, que aún no ha sido liquidado, es decir, a México se le debe pagar dos millones 524 mil dólares, equivalentes a 44 millones de pesos por la venta de esos inmuebles que adquirió la pareja “con dinero procedente de la trama corrupta organizada por ambos contra el gobierno de México”.

“Es una primera recuperación de activos en Florida, productos de actos de corrupción de la banda que organizó García Luna y que operó durante más de diez años, durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, añadió la UIF.


Finalmente, sobre el destino que tendrán los recursos una vez que sean entregados a México, se determinará qué fin tendrán de conformidad con las leyes; sin embargo, el juicio por el que México reclama más de 600 millones de dólares sigue vigente.

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