El Informe del Resultado de la Fiscalización 2022, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló que al menos 242 funcionarios y 172 investigadores académicos “no vivos” recibieron apoyos económicos (becas) por parte del gobierno.
Jóvenes Construyendo el Futuro
De acuerdo con el apéndice de la Cámara de Diputados, en el cumplimiento de la auditoría 2022-0-14100-19-0359-2023, realizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se realizaron pagos a 242 beneficiarios por parte del programa social “Jóvenes Construyendo el Futuro” que, al mismo tiempo, eran personas funcionarias públicas, pues se encontraban dados de alta como trabajadores en diferentes dependencias.
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Al respecto, la ASF señaló que la STPS debe de aclarar el ejercicio de esos recursos, mismos que se estiman por 5 millones 110 mil 902 pesos. Aunado a ello, se observó que la Secretaría no realizó la cancelación de 355 tarjetas bancarias por extravío, no desvinculó de los beneficiarios las cuentas bancarias de 5 mil 491 tarjetas no entregadas ni que los expedientes de los beneficiarios se integraran con los requisitos y documentación necesaria.
Cabe recordar que, en 2022, este programa ejerció 21 mil 115 millones 443 mil pesos, de los cuales se auditaron sólo el 26.1% de los recursos, es decir 5.5 mil millones de pesos.
Programa Sistema Nacional de Investigadores
Además, la ASF señaló que, en relación a la auditoría 2022-1-3890X-19-0089-2023, realizada al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), se detectó que en el padrón de beneficiarios existen 172 “no vivos”. La observación de la Auditoría dice:
“Se carece de un Padrón de Beneficiarios actualizado, ya que el único que se publicó en 2022, se integró por 36,624 investigadores, incluidos 172 ‘no vivos’, ni se consideró a 19 que recibieron pagos desde enero de 2022 y, en el del primer trimestre de 2023, se reportaron 99 como ‘vivos’, respecto de los 172 ‘no vivos’”.
En el análisis del cálculo del pago de estímulos económicos a los investigadores, a los ayudantes o, en su caso, a beneficiarios de investigadores fallecidos, se determinaron irregularidades en los pagos por un total de 18 millones 837 mil pesos, de los cuales, 15 millones 331 mil fueron pagos improcedentes,
También se pagaron 2 millones 800 mil pesos a cinco investigadores eméritos sin que se contara con la evidencia de su situación, “ya que no demostraron la aplicación de un mecanismo que sirviera como prueba de vida para sustentar sus pagos”.
En relación a la auditoría, cabe destacar que la ASF auditó el 100% de los recursos que manejó el Conahcyt, pues hasta el último centavo de los 8 mil 199 millones 838 mil 600 pesos que ejercieron fueron auditados.
