De entre el 24 al 28% de la población en México ha sido víctima de algún delito o ha visto violados sus derechos humanos, estimó la maestra Nora Robledo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde la desaparición forzada y hallazgos de fosas clandestinas son la característica principal de los últimos años tras la “militarización” en el país.
Con motivo del décimo aniversario de la Ley General de Víctimas (LGV), la Universidad Iberoamericana (UI) se dio a la tarea de analizar el desempeño de la autoridades en materia de combate a la inseguridad y el comportamiento delictivo en la república.
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Por ello, explicó la académica en entrevista para Publimetro, se puede saber que las tareas de seguridad pública —a cargo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)— no son las más eficientes en materia de restitución de derechos humanos (DD.HH.) y las fiscalías estatales usualmente no entregan las mejores respuestas en relación a este tipo de casos.
Fosas clandestinas
De acuerdo con las investigaciones del departamento de DD. HH. De la Ibero, con el inicio de la llamada “guerra contra el narco, algunos fenómenos de la violencia se intensificaron, como los hallazgos de fosas clandestinas, por lo que las cuantificó.
De enero de 2020 a diciembre de 2022, la UI contabilizó mil 134 fosas clandestinas, es decir 35.5 por cada entidad federativa; sin embargo, tres de ellas concentraron 476 fosas, o sea, el 41.9% del total, pues Guanajuato, Sonora y Guerrero registraron 187, 179 y 110, respectivamente.
Al desagregar esta información, se aprecian focos rojos en algunos municipios: Acapulco, Guerrero (66 fosas); Salvatierra, Guanajuato (65); Tecomán, Colima (53); Hermosillo, Sonora (49); Guaymas, Sonora (46), por mencionar algunos. Así mismo, en esas demarcaciones se encontraron cantidades considerables de cuerpos: Tecomán, Colima (101); El Salto, Jalisco (95); Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (93); Tijuana, Baja California (88); y Hermosillo, Sonora (87).
Desempeño de las Fiscalías
Al tratarse de un problema que afecta el tejido social, la UI evaluó los últimos tres años (2020, 2021 y 2022) el desempeño de las Fiscalías estatales en relación a las fosas clandestinas y la calidad de las respuestas que proporcionan; al respecto, expuso que las entidades que dan información “insuficiente” han ido en aumento.
En 2020, sólo en Morelos y Querétaro daban información insuficiente; en 2021, el número de entidades pasó de dos a seis, en dicho listado estaban CDMX, guerrero, Hidalgo, Morelos, Sinaloa y Veracruz; para 2022, el listado quedó en seis, pero cambiaron algunas de las entidades: CDMX, Hidalgo, Jalisco, Morelos, San luís Potosí y Veracruz.
Desempeño de las Fuerzas Armadas
Desde que inició la guerra contra el narco en 2007, muchas de las tareas de seguridad pública recayeron en los hombros del Ejército o de la Marina; asimismo, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Policía Federal (PF) tenía una gran injerencia en dicho trabajo; sin embargo, con el arribo de AMLO a la presidencia, se desaparece la PF se crea la Guardia Nacional (GN).
Asimismo, cuando en 2019 se constituye este nuevo brazo armado, se especifica que será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que estará cargo —primero hasta 2024 y después hasta 2028— de su operatividad y administración.
Esto fue visto con malos ojos por la académica universitaria, quien refirió que en México, la mayoría de los casos de uso indebido de la fuerza pública recaen en las FF. AA. Entonces, continuar y legitimar el uso del Ejército para combatir a la inseguridad le pareció arriesgado.
Sin embargo, sí ha habido un avance en materia de DD. HH. en la actuación del Ejército durante su cumplimiento del deber. Mientras que en 2011 se estimaron que 11 mil 461 personas sufrieron agresiones posteriores a su detención por el Ejército, en 2022 fueron 2 mil 589. De manera inversa, en 2019, el 68% de las personas detenidas dijeron que no sufrieron agresiones tras su detención mientras que en 2008 este número sólo representaba el 6 por ciento.
Una reducción similar se ve en el rango de letalidad, pues desde que inició el gobierno de Peña Nieto se notó una marcada caída en la cantidad de civiles muertos por la Sedena en sus tareas de seguridad y protección ciudadana.
Asimismo, existe un análisis por sexenio entre las 14 principales formas de tortura, donde el gobierno peor evaluado fue el de Felipe Calderón (FCH), en segundo lugar el de Enrique Peña Nieto (EPN) y el mejor evaluado fue el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, esto no quiere decir que la tortura no ocurra. Porcentaje de personas encarceladas que reportaron agresiones después de su detención por el Ejército Mexicano:
- Golpes con la mano o patadas: FCH 73%, EPN 42% y AMLO 25%
- Ataduras: FCH 66%, EPN 27% y AMLO 9%
- Golpes con objetos: FCH 56%, EPN 26% y AMLO 14%
- Ser aplastado: FCH 50%, EPN 27% y AMLO 15%
- Asfixia: FCH 55%, EPN 24% y AMLO 6%
- Sumergimiento: FCH 47%, EPN 19% y AMLO 3%
- Descargas eléctricas: FCH 31%, EPN 13% y AMLO 6%
- Lesión genital: FCH 33%, EPN 12% y AMLO 4%
- Acoso sexual: FCH 16%, EPN 6% y AMLO 3%
- Quemaduras: FCH 12%, EPN 3% y AMLO 2%
- Violación sexual: FCH 7%, EPN 3% y AMLO 1%
- Arma de fuego: FCH 6%, EPN 3% y AMLO 2%
- Encajar agujas: FCH 7%, EPN 2% y AMLO 0%
- Heridas con arma blanca: FCH 5%, EPN 2% y AMLO 2%
Ante estos resultados, la maestra Robledo Frías apuntó que las Fuerzas Armadas continúan ejerciendo prácticas que vulneran los derechos humanos de las personas; además, sugirió que las autoridades deben de dirigir más recursos a la atención de víctimas, pues por cada 28 mil, sólo hay 1.3 funcionarios para atenderlas y acompañarlas.
En este sentido, finalmente, aclaró que no se trata de que no existan marcos regulatorios en México para evitar este tipo de tratos, sino que, al momento de llevarlos a la práctica, las autoridades son omisas de su deber ser en la impartición de justicia y trato humano tanto de la víctima como de los detenidos.
