El pleno del Senado de la República aprobó la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto una vez que la Comisión de Justicia de mismo órgano legislativa dio su visto bueno.
La aprobación de este hecho fue con 63 votos a favor y 43 en contra. Una vez que terminó la votación de los senadores, se anunció que la decisión se notificará al presidente Andrés Manuel López Obrador.
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También se avisará, de manera oficial, de esta decisión a la ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN, así como a Zaldívar, quien el 7 de noviembre presentó su renuncia a López Obrador por medio de una carta, la cual publicó en su cuenta de X.
El ministro estaba a un año de cumplir con su encargo de 15 años, argumentó que ya no podía aportar de manera trascendente al cambio del país, por lo que decidió separarse de su cargo y poder participar desde otro ámbito.
“Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México, desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México que todos soñamos”.
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Fue el 14 de noviembre cuando la Comisión de Justicia del Senado avaló, con 12 votos a favor y siete en contra, la renuncia de Zaldívar a la Suprema Corte, la cual ya había sido aceptada por el presidente de México.
Sin embargo, manifestaron que la renuncia de un ministro de la Corte es un “hecho extraordinario preocupante para la estabilidad de las instituciones”, pero que su decisión debe respetarse porque está amparada por el artículo 98 de la Constitución, en donde se establece que por causas graves pueden renunciar, aunque no se detalla en qué consisten ni quién las determina.
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La senadora Olga Sánchez Cordero, exministra de la SCJN y extitular de la Secretaría de Gobernación, expuso que no se le podía obligar a permanecer en el cargo en contra de su voluntad, esa situación generaría un ambiente que afectaría los principios que rigen al servicio público, especialmente en su ámbito jurisdiccional.
