Amenazas e intimidaciones a las activistas Ceci Flores, de las madres buscadoras, así como a Renata Villarreal, cofundadora de Marea Verde, encienden las alertas sobre los peligros que corren los activistas en México, ante la indiferencia y descalificaciones del gobierno federal.
A pesar que existe el andamiaje legal para proteger su integridad, persisten casos como el de Homero Gómez, protector del santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán; y el de Gertrudis Cruz de Jesús y Cliserina Cruz Merino, integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui en Oaxaca.
Te recomendamos: 12 de cada 100 asesinatos de ambientalistas en el mundo ocurrieron en México
Organizaciones internacionales tienen medidos los ataques y homicidios de defensores de derechos desde hace décadas y, aunque abordan esta temática desde diferentes ángulos, coinciden en que México ‘no es seguro para este tipo de actividades’.
La ORG DesInformemos contabilizó 72 activistas asesinados en México a lo largo de 2022. Estas personas se dedicaban a la defensa del territorio, el agua, DD. HH., promotores culturales, indígenas, artistas, madres buscadoras, abogados, feministas, opositores a los mega proyectos, activistas trans, sacerdotes, ejidatarios, sindicalistas, comuneros, ambientalistas y comunicadores comunitarios.
Asimismo, el Análisis Global 2022 de Front Line Defenders informó que México, Colombia, Ucrania, Brasil y Honduras acumulan el 80% de los asesinatos contra defensores de derechos humanos y medio ambiente. Dejando a la república mexicana como el tercer país más violento para estas actividades.
Especificaron que el 48% de los asesinatos mundiales fueron contra defensores de la tierra y medio ambiente; el 22%, contra indígenas; y el 17% fueron contra mujeres que luchan, incluidas mujeres trans.
Aunado a ello, recientemente se dio a conocer que la buscadora Ceci Flores fue objeto de intimidación y revictimización, pues publicó un video en el que sostiene que desconocidos detonaron sus armas de fuego mientras ella y una colectiva buscaban fosas clandestinas; posteriormente, dio parte que la respuesta que recibió del gobierno de Sonora no es cierta.
Junto con esta queja, se destaca que Renata Villarreal, cofundadora de Marea Verde, recibió amenazas de agresión sexual por emitir su opinión en relación a la agresión de un profesor señalado de acosar menores de edad en un centro educativo de nivel medio superior en la CDMX. “Te voy a violar [...] Vas a recibir pene”, la amedrentaron.
Al respecto, la doctora Victoria Alva, investigadora en el departamento de Derecho de la Universidad La Salle, y a Rosalinda Hidalgo, Responsable del área de Acciones Urgentes en Comité para los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), quienes explicaron los riesgos que corren los defensores en México.
La doctora Alva explicó que el historial de agresiones sistemáticas en México ha hecho que el marco legal se ponga a la vanguardia para proteger a minorías, colectivos y personas que defienden los DD. HH.; sin embargo, advirtió una falta de voluntad política para implementar dichos mecanismos de manera eficiente.
Precisó que, a partir de los hallazgos en el caso “Campo Algodonero” de Ciudad Juárez, Chihuahua, se crearon protocolos de acción capaces de atender la situación nacional; no obstante, por parte de las autoridades, fallan en materia de sensibilidad y protección; además, la presencia del crimen organizado, las condiciones precarias y la falta de rendición de cuentas impactan negativamente en la protección de defensores.
“¿Qué nos dice la teoría y qué nos dice la práctica internacional? Que necesitamos un apalancamiento a través de las instancias de transparencia y rendición de cuentas para que se puedan alcanzar los objetivos que estamos buscando”, declaró Alva en entrevista a Publimetro.
Por su cuenta, Hidalgo apuntó que para los defensores del medio ambiente y territorio, la violencia se intensificó a partir del 2000 y que México está lleno de ejemplos. Además, advirtió que el gobierno invierte muy pocos recursos en protección de activistas, por lo que quedan expuestos a ser víctimas de crímenes.
Asimismo, existe una campaña de no reconocimiento al quehacer de defensores, es decir, se les desprestigia. También destacó que este desprestigio contra ambientalistas se da en contextos de proyectos mineros u obras de infraestructura, por lo que la activista mexicana recomendó la creación de redes solidarias para ejercer presión a las autoridades de manera coordinada con la comunidad y otras organizaciones de manera más efectiva.
La conformación de dichas redes, de acuerdo con la defensora de los derechos de la tierra, consiste en generar deferentes niveles de protección, iniciando por la familiar, pues son las personas que establecen el primer contacto con el activista; después se eleva a la comunidad, pues estos lazos evitan la división y el desprestigio de las luchas; finalmente, propone establecer lazos con otras organizaciones nivel local, nacional y regional, todo ello para mantener al activista con vida ante los posibles ataques.
