En una decisión para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por la orfandad a causa de feminicidios, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dictó una resolución dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que exige una revisión exhaustiva y transparente de cómo el IMSS ha gestionado las solicitudes de seguridad social relacionadas con esta vulnerable demografía.
Durante la sesión del pleno, se debatió sobre la respuesta inicial del IMSS a una solicitud de información, en la que se afirmaba que no tenían registros relevantes. La comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, criticó esta respuesta, alegando que no se había realizado una “búsqueda exhaustiva y razonable de la información dentro de sus archivos”, como lo exige la ley.
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Se hizo énfasis en que la Dirección Jurídica del IMSS, y en particular su división de atención y seguimiento a grupos en situación de vulnerabilidad, debería ser competente en este asunto.
La respuesta inicial del IMSS indicó que no tenía registros de dicha información, argumentando que no estaba dentro de sus facultades llevar ese tipo de registro. Sin embargo, se cuestionó la validez de esta respuesta por parte de la ponencia.
“Su dirección jurídica cuenta con la división de atención y seguimiento a grupos en situación de vulnerabilidad que, de acuerdo con sus facultades, también resulta idónea para conocer lo requerido sin que las constancias del recurso de revisión se desprenda que se haya turnado a dicha área la solicitud, motivo por el que no se garantizó el carácter exhaustivo de la búsqueda”, advirtió la comisionada presidenta.
La resolución, que se votó de forma unánime, obliga al IMSS a realizar una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes, para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos de los menores afectados. Al respecto, Ibarra Cadena enfatizó la gravedad de la situación, declarando que “el Estado mexicano está obligado a reparar de manera integral el daño de las víctimas por violaciones a derechos humanos”. Además, resaltó la necesidad de que “las instituciones garanticen el derecho de acceso a la información que están obligadas a atender”.
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La medida del INAI se percibe como un paso para asegurar la justicia y la protección a las víctimas indirectas del feminicidio en México y busca generar conciencia y compromiso por parte de las autoridades para abordar las consecuencias de la violencia de género y la vulnerabilidad de los menores que quedan en una situación de desamparo tras estos trágicos sucesos.
“El Estado mexicano ha reconocido la gravedad de que las niñas, niños y adolescentes enfrenten un contexto de violencia feminicida, porque constituye un evento traumático que, además de quebrar la idea de familia como espacio de protección, les coloca en un mayor riesgo de la vulneración de sus derechos”, expuso Ibarra Cadena al detallar el análisis de su ponencia.
Violencia feminicida
Durante su participación, la comisionada Norma Julieta del Río destacó la urgencia de medidas legislativas para proteger a menores en casos de feminicidios, citando el trágico asesinato de la abogada Cecilia Monzón Pérez.
Señaló que la expareja de la víctima, presunto autor intelectual, tenía derecho a la custodia del hijo de ambos debido a leyes vigentes. Ante esto, surgió un movimiento que propició la aprobación de la Ley Monzón en Puebla, Ciudad de México, Sinaloa y Colima, y su progreso en otras 13 entidades.
La comisionada resaltó que estas medidas buscan garantizar un entorno libre de violencia para niños y adolescentes, evitando revictimización que afecte su desarrollo personal.
