Con el cierre del periodo ordinario de sesiones 2023, el Poder Legislativo anunció que para el próximo año velará por los derechos de los migrantes, derivado de la polémica desatada por una reforma xenófoba en Texas, y la despenalización del aborto en todo México, derivado de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ley antiinmigrantes en Texas
El lunes 18 de diciembre, el congreso de Texas aprobó un paquete de reformas en el que se autoriza a la Policía local poder hacer detenciones y arrestos a inmigrantes que no tengan sus papeles al día; asimismo, se le da la facultad a los jueces de ordenar prisión o deportación a México a las personas que violen esta ley, pues permanecer en Texas sin papeles será considerado un delito.
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Conocida como la Senate Bill 4 (SB 4), esta ley establece que se pueden realizar detenciones basándose únicamente en la apariencia del sujeto y, de no tener la documentación requerida a la mano, serán detenidos. Una vez lleguen con el juez y se les encuentre culpables del delito de inmigrar se ordenará su deportación. Finalmente, de no acatarse la orden, se aplicarán penas de dos hasta 20 años de prisión.
En consecuencia, Eduardo Ramírez, senador por Morena, se pronunció en contra y sostuvo que esta iniciativa es un exceso que promueve el odio contra los mexicanos en Estados Unidos (EE. UU.).
“Detener a quienes llegan de manera legal, eso es una violación a la libertad de tránsito de derechos humanos que está consagrados en los convenios internacionales”, señaló durante una declaración a medios de comunicación, por lo que buscará mecanismos internacionales para abolir la iniciativa que tildó de discriminatoria.
Especificó que no está seguro si existen mecanismos que puedan ser activados desde el Senado de México, pero sí apuntó que existen instancias internacionales encargadas de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos.
Despenalización del aborto
Derivado de una serie de determinaciones emitidas por la Suprema Corte de justicia en este año, el Congreso de la Unión tiene que armonizar la ley y la Constitución, por lo que la despenalización del aborto debe de quedar plasmado explícitamente en el marco jurídico mexicano y no estar sujeto a la interpretación de la SCJN.
En este caso, fue la diputada de Morena, Aleida Alavez, quien adelantó que será el Senado la instancia responsable de armonizar la ley con la determinación de la SCJN, lo cual quiere decir que, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones, los Senadores afinarán la resolución de la Corte y la enviarán a San Lázaro para ratificarlo.
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A detalle, explicó que buscarán especificar que la legalidad en la interrupción del embarazo será hasta las 12 semanas de gestación; sin embargo, cabe destacar que aún faltan elementos para la legalización del embarazo, pues aún falta resolver el tema de la objeción de conciencia.
Al respecto, Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, señaló en septiembre que será tarea de la Cámara de Diputados definir la armonización de la objeción de conciencia; sin embargo, adelantó que el Partido Acción Nacional (PAN), bancada que también coordina, votará en contra del dictamen que ya existe.
