La pugna legal por los cigarrillos electrónicos, también conocidos como vapeadores, confrontó nuevamente a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues la procedencia de un amparo enconó un decreto federal con un particular que podría seguir comercializando con este producto.
Todo inició cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 31 de mayo de 2022, promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se prohibe la circulación y comercialización de los cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina), así como los aceites, soluciones y mezclas que aerolizan.
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Después, la empresa Gastronómica Teopanzolco S.A. de C.V. manifestó su inconformidad y comenzó una lucha legal para tener la facultad de vender vapeadores y sus desechables; dicho conflicto terminó en la promoción del Amparo 636/2023, el cual llegó a la Segunda Sala de la SCJN, presidida por el ministro Alberto Pérez Dayán.
Este recurso fue turnado al ministro Javier Laynez Potisek para determinar su procedencia, la cual fue concedida al considerar que esa cuestión ya fue revisada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito.
Después, el 6 de diciembre, se discutió dicha determinación en la Segunda Sala y, con tres votos a favor y dos en contra, los ministros avalaron el proyecto de resolución y coincidieron en que se vulnera el derecho de Gastronómica Teopanzolco S.A. de C.V. (propietaria de “La Cabrería Grill Pizza”) al acceso del libre comercio.
El argumento que motivó la resolución fue mal recibido por Morena en el Senado de la República, pues Lilia Valdez, presidenta de la Comisión de Salud, reprochó que la SCJN mide la libertad en función de lo comercial y no de la salud humana, “el derecho que se tiene de comercializar lo que sea”, señaló.
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Por ello, hizo un llamado al Poder Judicial a que prioricen la salud y la economía de la salud de la mayoría y “no en la economía de 10 personas”. “¿Justicia es proteger a quien enferma a todo un país?, ¿eso es justicia?, pues yo no soy experta en Derecho, pero pues eso no es justicia”, reclamó.
Cabe recordar que la procedencia del amparo no es una resolución final en este tema; simplemente abre la puerta a una discusión más profunda, pero mientras se resuelve, La Cabrería Grill Pizza podrá seguir comercializando legalmente cigarrillos electrónicos y sus desechables (filtros, aceites, baterías, etc.).
Este desencuentro se suma a otras tensiones entre la Cuarta Transformación (4T) con el Poder Judicial, como la extinción de 13 fideicomisos por más de 15 mil millones de pesos o el amago de promover una reforma judicial para, entre otras cosas, cambiar la estructura de la Corte y la Judicatura Federal.
