El combate a la corrupción ha sido la principal bandera del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a pesar de que en innumerable cantidad de ocasiones ha mostrado un pañuelo blanco en señal de que, en su sexenio, ya no se permite la corrupción, especialistas consideran que el mandatario aún tiene grandes deudas en los casos de influyentismo, abuso de poder y corrupción que han surgido durante su administración.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, realizada en Acapulco, Guerrero, el presidente respondió al reportaje “El clan: la red de negocios y de tráfico de influencias operada por Gonzalo “Bobby” López Beltrán en el Tren Maya” presentado por LatinUs, en el que se acusa a su hijo Gonzálo López Beltrán de beneficiar a sus amigos en la construcción del Tren Maya.
“Pero es Loret de Mola, o sea, es muy corrupto Loret de Mola, mucho muy corrupto”, respondió López Obrador, quien afirmó “Hay cosas que no se pueden ocultar, y una de esas es el dinero”. En ese sentido, recordó que en algún momento del sexenio retó a Loret de Mola de intercambiar sus bienes, tras dar a conocer cómo los obtuvieron y cuánto ganan. “Estoy esperando que acepte un desafío en muy buenos términos, un emplazamiento, ese es el término, de que se intercambien los bienes que yo tengo y que tiene toda mi familia con los que él tiene. Me va a doler mucho porque lo de Palenque, sí, pero me voy a rayar, me voy a rayar. Tiene mucho dinero”.
Segalmex, el peor caso de corrupción en el sexenio de AMLO
Para Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización (ITAC Digital) del Tec de Monterrey, el caso que más escándalo ha generado es el desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) que busca la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, fomentar el desarrollo económico y social del país.
“A pesar de que hubo un desfalco enorme de más de 15 mil millones de pesos, las investigaciones y los procesos abiertos van muy lentos, y aún no se ve ninguna responsabilidad por parte del exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle”, explicó Estrada en entrevista para Publimetro. “Además, Ovalle sigue formando parte de la Administración Pública en otro puesto, lo cual habla mal de las autoridades de investigación de estos casos”, añadió.
“También habla muy mal del presidente. Habla de que no tiene la inteligencia suficiente para deslindar su administración de personas que presuntamente han cometido posibles actos de corrupción”, expresó Estrada.
Para la especialista, una cosa es que sean AMLO y Ovalle sean amigos -como públicamente lo ha expresado el mandatario- y otra es la protección que el presidente debe darle a su investidura como jefe de Estado y a la administración pública. “Cuando hace estas cosas de cambiar de lugar a sus amigos, aún cuando existen evidencias de que hay vinculación de estas personas con actos de corrupción, habla muy mal de su administración y la demerita mucho. Este es uno de los casos en los que hay que poner mucha atención y exigir mucho en las próximas administraciones”.
Los otros casos de corrupción y personajes polémicos en el sexenio de AMLO
De acuerdo con Ángeles Estrada, esta es la lista de los principales casos de corrupción que han surgido en el actual sexenio.
- Círculo cercano a AMLO. “Un caso importante es el de los familiares de Andrés Manuel, donde sus hijos y hermanos se ven vinculados a casos de corrupción, y que siguen sin que se realice ninguna investigación. Por ejemplo, la investigación que se hizo contra su hermano, Pío Lopez, la FGR simple y sencillamente le dio carpetazo, y esto muestra la vinculación que existe entre el fiscal Gertz y el presidente. Siguen estando estos casos en la absoluta impunidad. No solo porque no se han sancionado, sino porque no se han iniciado investigaciones serias, ni al hermano ni a los hijos. Cada vez vemos cómo los amigos de Andy se hacen más ricos y cómo incrementan sus patrimonios y uno no termina de entender si ese incremento en los patrimonios realmente responde a que sus empresas efectivamente tienen las capacidades técnicas para desarrollar los servicios que se requieren, o se les dan los contratos porque son amigos del hijo del presidente. Esto, sin hablar del caso de la Casa Gris, que es uno que se ha mencionado mucho dentro de los casos de corrupción, pero que no ha existido una investigación seria para deslindar responsabilidades”.
- Gertz Manero. “El fiscal Gertz ha sido una figura muy obscura en la administración de Andrés Manuel. Nos queda clarísimo que el fiscal es un gran amigo del Presidente de la República. Y este vínculo fraternal lo han llevado hasta el grado de que el Fiscal pueda construir casos en contra de particulares, iniciarles investigación sin que haya siquiera un motivo para hacerlo, hasta el punto de meter a la cárcel a gente como Alejandra Cuevas, que estuvo casi dos años en la cárcel. Todo este terror que el fiscal ha ido imponiendo en esta administración, hace evidente que Andrés Manuel López Obrador protege a Gertz Manero y que no tiene control de su fiscal”.
- Odebrecht / Lozoya. “Las próximas administraciones tendrían que poder terminar con las investigaciones del caso de Odebrecht y específicamente el caso de Lozoya. Todavía hay muchas personas que no han, ni siquiera, sido mencionadas. Recordemos que a este señor se le dieron varios beneficios justamente para que las autoridades pudieran desarrollar -a través de la información que les iba a dar- una investigación mucho más amplia, mucho más certera, y eso no ha sucedido. Entonces, ese caso nos lo deben”.
- Ana Guevara. “La Conade ha sido la bolsa chiquita y a disposición de Ana Guevara, para distintas cosas. No solamente para sus cometidos personales, sino también para beneficios a su pareja sentimental y a gente cercana a ella. Hemos visto los casos de los atletas que se han atrevido a abrir la boca para denunciarla y creo que Ana Guevara también es una de las personas que están muy protegidas por el presidente y que, a pesar de verse envuelta en estos numerosos escándalos de corrupción, las investigaciones que ha habido -que son muy poquitas- están muy mal hechas y que parece que están hechas a modo para entonces determinar los posibles vínculos o las posibles elementos de responsabilidad para Ana Gabriela Guevara. En la próxima administración, quien tenga la Conade, va a sufrir los efectos de esta impunidad relacionada con actos de corrupción de las que Ana Guevara ha sido beneficiaria”.
3 preguntas con
Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización (ITAC Digital) del Tec de Monterrey
¿Cómo inicia el presidente López Obrador este año en el tema de corrupción?
– En el tema de combate a la corrupción inicia con muchas deudas, no solo a nivel institucional, sino también en la parte de impunidad relacionada con casos de corrupción.
Este último año de administración es el inicio de cómo las próximas administraciones abordarán estos temas, basándose en lo que ha hecho la administración de AMLO que, degraciadamente, ha hecho muy poco al respecto.
¿Qué se esperaría que sucediera con todos estos personajes y casos de corrupción en el sexenio que viene?
– Lo que esperaríamos, al menos, es que se les iniciaran investigaciones. En estos casos, hay algunos que ya se iniciaron -por ejemplo en Segalmex- pero uno esperaría que esas investigaciones llegaran a algo y que el resultado no fuera que “no hay responsables”, o que se deslinde de cualquier responsabilidad a los servidores públicos que estuvieron involucrados.
Hay investigaciones mal hechas que al final terminan en absolutamente nada, muchas veces por vicios del propio proceso o por vicios de los propios procedimientos.
Esto no necesariamente quiere decir que se les tenga que ver a estas personas tras las rejas. Ahora mismo, lo que necesitamos es establecer las responsabilidades –si es que existen– y los niveles de responsabilidad de estos servidores públicos y que, a través de esos niveles de responsabilidad, se determinen las sanciones que correspondan.
La verdad es que, en los casos de corrupción, muy pocas veces el que metan a la cárcel a alguien tiene realmente algún tipo de efecto sobre las víctimas de corrupción. Sin duda es importante que esa sea una de las sanciones. Es decir, si algún servidor público cometió un delito que amerite la pena privativa de la libertad, que lo hagan. Pero siempre nos quedamos con esta idea de que eso es lo que queremos: ver tras las rejas a los corruptos.
Lo que realmente quisiéramos ver es que se recuperen los recursos económicos que se desviaron –que eso nunca lo vemos– y resarcir a las víctimas de corrupción. Eso nunca lo hemos visto.
Entonces, en la próxima administración yo esperaría que se siguiera con las investigaciones, pero que se tomarán en cuenta también los elementos relacionados con la recuperación de activos y con el resarcimiento a las víctimas de corrupción.
¿Qué podemos esperar cuando los involucrados no son funcionarios públicos, como en los casos relacionados con familiares del presidente?
– El hecho de que no sea un servidor público no quiere decir que no pueda cometer actos de corrupción utilizando recursos públicos. El hecho de que los amigos de los hijos del presidente se enriquezcan a través de contratos públicos, sin que tengan las empresas los elementos técnicos y los elementos que se requieren legales para poder dar un servicio, y que solamente se les otorguen esos contratos por ser amigos de Andy, pues eso es cometer un acto de corrupción por parte de un privado a través de recursos públicos.
Existe esta creencia de que solo los servidores públicos tendrían que ser responsables o pueden ser responsables de estos actos de corrupción. Y no es así.
La experiencia nos muestra que los actos de corrupción pueden ser cometidos por servidores públicos, pero también pueden ser cometidos por entes privados, por personas físicas y también por empresas y hasta por organizaciones de la sociedad civil, aún utilizando recursos públicos.
Esta es una de las cosas que tenemos que seguir solicitando, tanto a las fiscalías como a los contralores: que inicien estas investigaciones sabiendo que muchas de las personas que están incluidas en esos actos no son servidores públicos y que se lleven a cabo los elementos o que se les avise las autoridades que se les tiene que quedar.
En el caso de los contralores, pues ellos están delimitados o sus servicios están limitados a los servidores públicos, pero eso no quiere decir que si en un caso ellos encuentran a una persona privada, que no está relacionada con el servicio público, vinculada a actos de corrupción, tienen la obligación legal de darle aviso a las fiscalías y eso no lo vemos. Eso no, no existe.
Muchas veces los contralores se limitan a realizar las investigaciones vinculadas a servidores públicos y todos los nombres adicionales, que no están o que no son parte del servicio público, pues, simple y sencillamente, se quedan ahí durmiendo el sueño de los justos, cuando lo que tendrían que hacer es darle aviso a la Fiscalía, no a las fiscalías especializadas o a la Fiscalía General, y que entonces se iniciaran las investigaciones para estas personas.
Eso es lo que tendría que pasar en los casos relacionados con los familiares de Andrés Manuel, en donde hay muchos servidores públicos metidos, además.
