La Fiscalía General de la República (FGR) impugnará la libertad de ocho militares que están en proceso por el caso Ayotzinapa, a quienes se les estableció la firma periódica para seguir el juicio, decisión que tomó la jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente: Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio.
La FGR afirmó que el proceso para esta decisiones altamente cuestionable para la protección de las víctimas, ya que se les otorgaron ventajas indebidas “a quienes no lo merecen” y desconocieron la imposición de la prisión preventiva que establecieron otros jueces.
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“Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, se presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225 del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.
Además, destacó que situaciones similares ocurren en casos de gran trascendencia o con importancia política, la que es aprovechada por los medios para presentar la información de manera parcial.
También reclamó que medios de comunicación actúan bajo la consigna de persecución y descalificación, pues destacan pocos casos de trascendencia nacional en los que se actuó inmediatamente para lograr vinculaciones a proceso abandonadas por años y que se deben litigar frente a decisiones de jueces parciales e injustos.
“Solamente durante 2023 el Ministerio Público de la Federación obtuvo nueve mil 150 sentencias favorables para las víctimas; lo cual demuestra que una parte muy importante de los jueces federales actúan con imparcialidad y con apego a derecho, mientras los medios aludidos buscan que esta representación social se confronte con todo el poder judicial, lo cual no puede aceptarse en modo alguno”.
Cuando en la audiencia la juez estableció la libertad de los ocho militares, Santiago Aguirre, abogado de los padres de los normalistas, explicó a The Associated Press que los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe a un caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.
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“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena (Secretaria de la Defensa Nacional). En la defensa de estos acusados participan abogados militares”, dijo el abogado.
Con esta medida solo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un general, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada, ya que presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.
“En este entorno, casos como el que analizamos vinculan con toda claridad a despachos de abogados, relaciones personales o familiares, autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente, que se dedican a distorsionar la justicia, a traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones”, añadió la FGR.
