Con más de 350 homicidios en cuatro años, discriminación sistémica, 138 desaparecidos y agresiones en razón de odio, México llega reprobado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra por no poder garantizar los derechos humanos (DD. HH.) de la comunidad LGBT+ en el territorio nacional, por lo que organizaciones exigen acciones concretas para remediar la situación.
El próximo miércoles 24 de enero la ONU realizará el Examen Periódico Universal (EPU) a todos sus Estados Miembros, por lo que organizaciones como Fundación Arcoíris, Interculturalidad, Salud y Derechos AC (INSADE) o International Network for LGBT+ Rights señalaron los pendientes que evitan ejercer a plenitud los derechos de la comunidad en México.
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La EPU anterior en la que participó México fue la de 2018 y, de acuerdo con la información compilada por diferentes asociaciones civiles y observatorios ciudadanos, de 2019 a 2022 se registraron 361 homicidios y 138 desapariciones contra personas de la comunidad LGBT+.
Respecto a los homicidios, se aprecia una concentración particular con mujeres trans, pues en 2020, de los 79 homicidios contra la comunidad, 42 fueron contra mujeres trans, es decir, el 55.2% de incidencia.
Al respecto, Publimetro contactó a las activistas Gloria Careaga, de Fundación Arcoíris; Daniel Serrano, director de INSADE, y a Ana Guadarrama, de International Network for LGBT+ Rights —quienes se encuentran en Ginebra en espera de que se aplique la EPU a la representación de México en la ONU— para hablar de los retos para garantizar los derechos de la comunidad en México.
Tanto Careaga como Guadarrama reconocieron que en papel, desde que los Estados pertenecientes a la ONU hicieron las recomendaciones a México de 2018, se ha avanzado, pues ya existen iniciativas contra las terapias de conversión y otros tipos de violencia contra la comunidad LGBT+, así como la promoción de espacios libres de discriminación, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género; sin embargo, en la vida diaria la percepción es diferente.
Ana Guadarrama señaló a Publimetro que, en el México real, las personas de la comunidad siguen enfrentando trabas para poder ejercer libremente sus derechos a la salud, justicia, educación y hasta laborales. Por ejemplo, los protocolos de atención promovidos en el gobierno federal son ambiguos, por lo que en ocasiones los servicios recibidos son insuficientes.
Asimismo, señaló que las personas de la comunidad LGBT+ no son reconocidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), por lo que espera que, después de la EPU, en México se implementen mecanismos específicos para la atención de los derechos que no pueden ejercer, además de que se establezcan acciones de Estado para garantizar su seguridad.
Además de que existan más campañas de sensibilización a funcionarios y que en las dependencias de los tres niveles de gobierno se exija un mínimo de trabajadores LGBT+, pero que no sea impuesto, sino que le permita a la comunidad abrirse paso en el ámbito público sin que esto violente las lógicas laborales.
Por su cuenta, Gloria Careaga apuntó que desafortunadamente el gobierno ha hecho muy poco, pues la mayoría de las conquistas se deben a presión social emanada de la propia comunidad LGBT+, además de señalar que no se le ha dado cumplimento puntual a las recomendaciones de 2018.
El ejemplo de ello, recalcó, es que del 6 al 15 de enero ocurrieron siete homicidios LGBT+ en México; asimismo, recordó que las figuras públicas como deportistas o conductores de televisión difícilmente reconocen su orientación sexual por miedo a la discriminación
Las defensoras de derechos humanos esperan que la ONU haga las recomendaciones adecuadas para que se garanticen los derechos de la comunidad en México y, al mismo tiempo, darán seguimiento puntual a la creación de mecanismos que satisfagan las necesidades mínimas de la comunidad.
Cabe recordar que, de entre las recomendaciones que Fundación Arcoíris promueve están: construir una política de Estado que incorpore el enfoque LGBTI+ y establecer una mirada interseccional a los crímenes contra la comunidad, establecer cuotas de acceso laboral en el Estado, diseñar campañas contra la discriminación, que en el próximo PEF se contemplen recursos para el “Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas LGBTTTI” y asegurar la no expulsión de personas migrantes que sean perseguidas en sus países de origen por el ejercicio de su sexualidad.
Finalmente está la participación de Daniel Serrano, quien reconoció que, ante la falta de coordinación institucional del Estado mexicano para garantizar los derechos de la comunidad, las organizaciones civiles deben generar una mejor sinergia para exigir que desde el discurso de poder se respete a las personas LGBT+, pues los desplantes que suelen decir algunos líderes políticos son un signo de que no acompañan las causas de este demográfico.
Asimismo, al tratarse de una coyuntura electoral, el activista dijo a Publimetro que existe la posibilidad de que el periodo de campañas sea como lo que ocurre en el mes de junio, donde las empresas inician campañas de apoyo a la comunidad, pero que cuando pasa el periodo, le dan la espalda a las personas que siguen padeciendo de discriminación.
Respecto a este proceso electoral, Serrano apuntó que no hay manifestaciones claras que demuestren interés en hacer que México deje de ocupar los primeros lugares de violencia en el mundo contra la comunidad LGBT+, ello toda vez que no se observan pronunciamientos claros ni acercamientos a los líderes de organizaciones civiles.
Por ello expresó que el informe que se libere tras la aplicación del EPU es una excelente oportunidad para darle un “codazo amistoso” al gobierno para señalarle cuáles son las metas que hacen falta por cumplir y los derechos que aún no pueden ejercer libremente.
En este sentido, insistió en que las A.C. deben de contemplar la formación de cuadros políticos para que generen una mayor incidencia en los espacios de poder del Estado.
