El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció desde hace varias semanas que presentaría un paquete de reformas constitucionales, aunque se estimaba que fuera hasta septiembre, en el último mes de su mandato, finalmente eligió el día del 107 aniversario de la Constitución para presentarlas.
Aunque no había precisado cuáles son las modificaciones, en sus conferencias de prensa mencionó varios temas que pretende cambiar con la aprobación de los diputados y senadores de Morena y sus partidos aliados.
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Entre ellas destacaba las del Poder Judicial, pensiones, administrativa, apoyos a personas con discapacidad, a la Guardia Nacional, entre otras.
“El 5 de febrero las presento todas. Estoy trabajando, son varios equipos y ese día se presentan formalmente. Alrededor de 10, pero pueden ser 20 reformas”, declaró López Obrador.
Finalmente, el presidente presentó 20 iniciativas que serán entregadas por Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, al Congreso para que se inicie con el proceso legislativo y se decida si se aprueban o no.
Las reformas que enumeró fueron:
Uno: reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno.
Dos: reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año y lo mismo para personas con discapacidad.
Tres: otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
Cuatro: garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
Cinco: que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
Seis: prohibir el maltrato de los animales.
Siete: proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking ni otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
Ocho: hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
Nueve: prohibir el comercio de vapeadores y del fentanilo, penalizar con severidad la extorsión y el delito fiscal por medio de factureras.
Diez: no permitir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
Once: el salario mínimo para maestros, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social.
Doce: revertir las reformas de pensiones aprobadas durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón que impiden jubilarse con el 100% de su salario. Desde el 1 de mayo de 2024 se crearía un fondo de 64 mil millones de pesos para compensar a los trabajadores afectados por esas reformas.
Trece: garantizar el derecho a la educación y al trabajo. El Estado contratará a los jóvenes cuando no estudien y no consigan empleo, pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año mientras se forman o capacitan.
Catorce: todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras contarán con un jornal seguro, ellos y pescadores continuarán como beneficiarios del programa Producción para el Bienestar.
Quince: se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas que se concesionaron con Zedillo. El Estado estará obligado a garantizar servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a particulares.
Se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresa pública, estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos.
Dieciséis: reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, disminución de regidores en gobiernos municipales, eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados, el Senado se conformará con 64 legisladores.
Consejeros y magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias.
Diecisiete: jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial serán electos de manera directa por el pueblo.
Dieciocho: se propone que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Diecinueve: convertir en política de Estado la austeridad republicana, para que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que el presidente de la República.
Veinte: eliminar todas las dependencias supuestamente autónomas creadas durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público.
