La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que prisión domiciliaria que se le estableció a Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, es un privilegio procesal totalmente injusto y desproporcionado, además de que no ha ganado ningún juicio al que ha sido sometido, por lo que se apelará dicha resolución.
Responsabilizó al juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López y a los magistrados de los Tribunales de Apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro de concederle privilegios en diferentes etapas del proceso, los cuales son parciales e ilegales.
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“Se nos han excluido pruebas que lícitamente fueron obtenidas por la Fiscalía en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional”.
Añadió que la resolución del juez Gerardo Genaro Alarcón López es injusta, pues lo excluye de su responsabilidad en la compra de la plata chatarra de Agronitrogenados, la cual vendió a Pemex Altos Hornos de México, que entonces pertenecía a Alonso Ancira.
Sin embargo, el pago que realizó Ancira es completamente distinto a la responsabilidad directa de Emilio Lozoya, lo cual se sustenta en el artículo 30 del Código Penal Federal.
“El juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro lo deja en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”.
Finalmente, la FGR afirmó que interpondrá un recurso de revisión para lograr que haya justicia, en un proceso que se ha alargado por culpa de jueces y magistrados.